El 17 de noviembre, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública y la bisagra con los paramilitares. La decisión llegó luego de que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pidiera pista por meses y de que se valoraran los aportes a la verdad que hizo en las audiencias que tuvo ante el tribunal de paz.
En estas, Mancuso hizo señalamientos a distintas personas por sus relaciones con los paramilitares, por lo que la JEP compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen a quienes haya salpicado el exjefe paramilitar.
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En rueda de prensa, la magistrada Heydi Baldosea aclaró que son más de 300 las personas que fueron mencionadas por Mancuso durante los espacios reservados, y es sobre estas que la JEP compulsará copias a las entidades del Estado que tengan competencia en el tema.
“Esas compulsas de copias incluirán a cada uno de los individuos mencionados que no hayan sido ni estén siendo investigados actualmente por los hechos relatados por Mancuso”, aclaró la entidad.
Desde la JEP se advirtió que los nombres de las personas a las que señaló Mancuso, durante los espacios reservados en medio de la audiencia en mayo de 2023, se mantendrán en reserva para proteger el debido proceso y sus derechos al buen nombre y a la legítima defensa. También se ordenó mantener la reserva sobre aquellas declaraciones que puedan poner en riesgo la seguridad de Mancuso, de su familia o de su defensa, pero levantó la reserva sobre algunos de los testimonios de Mancuso.
Sobre el contenido reservado, se aclaró que este podrá ser conocido exclusivamente por quienes hagan parte del proceso dentro de la JEP o “a partir del traslado de información a la Fiscalía General de la Nación, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la Procuraduría General o las Salas de Instrucción, juzgamiento o casación de la Corte Suprema de Justicia, a quienes por competencia les corresponde iniciar o continuar las investigaciones sobre las personas mencionadas por Mancuso”.
Una de las razones por las que la JEP aceptó el sometimiento de Mancuso fue que aportó información novedosa sobre el contubernio entre la fuerza pública y el paramilitarismo en Córdoba, como que este vínculo estaba tan arraigado que ni los cambios en la fuerza pública lograron desbaratarlo, siendo Mancuso ese articulador, esa bisagra entre la institucionalidad y el paramilitarismo.
También fueron importantes los detalles que entregó el exjefe paramilitar sobre su participación en la planeación y ejecución de operaciones que eran exclusivas de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional o de organismos de inteligencia, como el DAS; o que advirtiera su incidencia en el nombramiento o en la remoción de agentes del Estado y su capacidad para condicionar los procedimientos reglamentarios relacionados con el otorgamiento de licencias a las Convivir.
La JEP había rechazado el sometimiento de Salvatore Mancuso
En 2018, Salvatore Mancuso empezó a pedir pista en la JEP en calidad de tercero civil, pero quedó en nada en 2020 cuando, en primera instancia, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad lo rechazó argumentando que, por ser excomandante paramilitar, no tenía competencia. Esta decisión fue apelada y confirmada después por la Sala de Apelación, que abrió un resquicio por el que finalmente entró Mancuso al tribunal de paz tras comprobar que era una bisagra entre paramilitares y la fuerza pública.
Hay que recordar que Mancuso, luego de Carlos Castaño Gil, era el hombre más fuerte en las Autodefensas Unidas de Colombia, liderando varios frentes, con incidencia en el norte del país. Además, ha confesado haber participado en más de 300 asesinatos y autor de las masacres de Mapiripán y El Aro, a finales de los años noventa. Tras su desmovilización durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue extraditado a Estados Unidos para pagar una pena por narcotráfico.
Durante sus comparecencias ante Justicia y Paz, el sistema de justicia transicional del proceso de paz con las AUC, Mancuso ha prendido el ventilador para dejar en evidencia los vínculos entre las fuerzas del Estado y los paramilitares para enfrentar a las guerrillas. Con la llegada al poder de Gustavo Petro y la instauración de la política de Paz Total, el Gobierno nacional lo nombró gestor de paz.