Contraloría encontró riesgos en la licitación para la construcción del nuevo acueducto de Santa Marta

Luego de analizar la información relacionada con la licitación para la construcción del nuevo acueducto de Santa Marta, la Contraloría General de la República identificó posibles riesgos en el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

De acuerdo con el organismo de control fiscal, existen debilidades en la planeación del proceso licitatorio, en la forma de pago diseñada para la ejecución de las obras y por la carencia de un estudio de financiamiento que analice diferentes alternativas de crédito.

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Actualmente, las fuentes disponibles, así como el sistema de abastecimiento, no proveen el caudal suficiente para abastecer de agua potable a todos los sectores de Santa Marta. Por ello, la alcaldía inició este proceso licitatorio con un presupuesto oficial cercano a los $1.68 billones.

De acuerdo con la administración local, se pretende producir un caudal de 2.400 litros por segundo de agua tratada para cubrir las necesidades de la ciudad proyectadas hasta el 2048.

De acuerdo con el análisis realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, se advierten en el proceso licitatorio las siguientes debilidades:

1. La forma de pago planteada para la ejecución de las obras objeto de la licitación pública corresponde a pagos anuales durante 30 años, que implican una financiación del 100% a través del contratista. Aunado a esta situación, no se observa que los requerimientos financieros de la licitación presenten concordancia con la forma de pago, que suponen exigencias superiores de capacidad financiera a las de un proyecto de obra pública tradicional.
2. No se observa un estudio de financiamiento que analice diferentes alternativas de crédito, para determinar la mejor opción financiera que permita atender la liquidez en la etapa de construcción del proyecto. Frente a este aspecto, considera la Contraloría que, con las condiciones actuales de licitación, se podría estar incurriendo en una financiación onerosa. Este sobrecosto financiero podría ser de dimensiones importantes y se estaría ante un posible incumplimiento a los principios de planeación, economía, eficiencia, eficacia que deben regir la contratación estatal.
3. De suscribirse el contrato en las condiciones actualmente planteadas, se podría estar incurriendo en una presunta inobservancia a las disposiciones legales vigentes en la Ley 1483 de 2011, que estipula que: “(…) El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. (…)”.

La Alcaldía Distrital de Santa Marta emitió un comunicado en respuesta a los hallazgos de la Contraloría sobre el proceso licitatorio para la construcción del nuevo acueducto de la ciudad.

En relación con esto, la Administración local señaló que no ha sido notificada por la Contraloría respecto de las observaciones realizadas y que los periodos de los procesos contractuales están estipulados en la ley, por lo que “no hay manera alguna de adjudicar antes de tiempo”.

Respecto a la idea de la Contraloría de que el contratista incurra en “parálisis o abandono de los trabajos por falta de liquidez para atender el flujo de caja de inversión en la etapa de construcción”, señaló que las empresas interesadas deben demostrar la solidez financiera para la ejecución del proyecto en un tiempo de tres años y medio, con una inversión de 1.6 billones de pesos.

Además, señaló que la financiación del proyecto, a través de las vigencias futuras, se registró gracias al saneamiento de las finanzas del distrito, porque el Gobierno prometió recursos que nunca llegaron.

Entre otros puntos, la entidad aclaró que la forma de pago prevista va conforme a lo señalado en la Ley 1483 de 2011. Además, aseguró que la alcaldesa de la ciudad cuenta con autorización para el compromiso de Vigencias Futuras Excepcionales mediante Acuerdo No. 022 de 30 de diciembre de 2022.