Autoridades movilizan a cerca de 150 condenados de estaciones de Policía en Bucaramanga hasta centro penitenciario Palogordo

Unos 145 individuos condenados, actualmente alojados en estaciones de Policía en Bucaramanga, experimentarán un traslado a la cárcel de Palogordo en Girón, donde se ha inaugurado recientemente un nuevo pabellón.

El coronel Daniel Gutiérrez, director nacional del Inpec, explicó a la emisora colombiana Blu Radio que la medida tiene como objetivo principal aliviar la congestión en las estaciones de Policía, un problema que ha sido objeto de críticas debido a las condiciones, a menudo deplorables, en las que se encuentran algunos reclusos.

“Vamos a abrir 145 cupos en Girón, Palogordo, con el fin de deshacinar las estaciones de Policía y Uris de Santander, entendiendo que la responsabilidad del Inpec son los condenados y los entes territoriales los sindicados, pero estamos trabajando para poder deshacinar los condenados que hay en las estaciones de Policía, y se trata de un nuevo pabellón que en total va tener más o menos unos 500 cupos”, señaló el coronel Gutiérrez a ese medio de comunicación radial.

El pabellón 14 de la cárcel de Palogordo tiene capacidad para albergar a más de 142 internos en este momento y será habilitado, mientras que el 15 y el 16 permanecen cerrados.

“Estamos a la espera de abrir los otros dos pabellones, la intención es descongestionar las estaciones de Policía, pero en términos de condenados, que es la responsabilidad del Inpec, tenemos en todo el país alrededor de 1.500 condenados, pero sindicados hay casi 22.000 y en este momento tenemos en Santander más o menos unas 1.000 personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y Uris”, agregó Gutiérrez a Blu Radio.

La Contraloría General de la República ha concluido una evaluación exhaustiva del “estado de cosas inconstitucional”, declarado por la Corte Constitucional debido al hacinamiento en las cárceles, y los resultados son preocupantes.

De acuerdo con el ente de control, se han logrado identificado graves problemas en la gestión de los recursos destinados a 20 establecimientos penitenciarios en todo el país, lo que ha llevado a hallazgos fiscales por un monto que supera los $169,000 millones.

Por ejemplo, en lo que se refiere al Proyecto de construcción de la Colonia Agrícola CAMIS Yarumal en Antioquia, cuyo valor de construcción es de $65,926 millones, no se ha llevado a cabo según lo planeado, lo que ha resultado en una pérdida significativa de recursos.

Otro caso preocupante se refiere a la Infraestructura Modular Penitenciaria EPMSC Santa Marta. El contrato de 2019 por valor de $25,606 millones no se ha entregado, lo que agrava aún más la falta de capacidad carcelaria.

Además, a pesar de la inversión de recursos, la Contraloría ha observado que ciertos pabellones, ampliaciones y estructuras con aproximadamente 2,721 cupos no han entrado en funcionamiento. Esto no solo incumple las condiciones exigidas por la Corte Constitucional, sino que también agrava la problemática del hacinamiento en las prisiones.

El tema de la alimentación en las cárceles también ha sido objeto de críticas. Las condiciones en los ranchos y áreas de preparación de alimentos no cumplen con las normas, específicamente la Resolución 2674 de 2013.

Esto afecta aspectos como las condiciones de las áreas de elaboración, el estado de los equipos y utensilios, la instalación y el funcionamiento de los equipos y utensilios, así como las condiciones de las materias primas e insumos.