Durante la mañana del 16 de noviembre se realizó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una audiencia “para indagar acerca del estado actual de identificación de los cuerpos recuperados con ocasión de los hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia”, allí en representación de las víctimas se volvió a extender la solicitud de desclasificar los archivos de los días del hecho violento, 6 y 7 de noviembre de 1985.
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Durante la diligencia Helena Urán Bidegain, hija del magistrado judicial Carlos Horacio Urán, una de las víctimas mortales de la tragedia del Palacio, le indicó al Tribunal de Paz que a través del presidente de la República sea posible:
“Solicitar formalmente al gobierno de Estados Unidos la puesta en marcha de un programa de desclasificación de archivos de los días 6 y 7 de noviembre de 1985″, ya que actualmente aún “son muchos los vacíos, considero que los archivos estadounidenses pueden ayudar a esclarecerlos. Se necesita una coordinación entre los estados que permita allegar los archivos a la JEP”.
Los documentos desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos incluyen cables del Departamento de Estado e informes del Pentágono, que podrían revelar detalles importantes sobre la intervención de las fuerzas de seguridad colombianas en el conflicto.
Entre tanto, el magistrado Gustavo Salazar, presidente de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, resaltó la tragedia desatada por el M-19 y el Ejército Nacional al horrorizar al país con el derroche bélico que durante más de 24 horas dejó un saldo de un centenar de personas muertas.
“Hace 38 años el Palacio de Justicia se convirtió no solo en un evento y un gravísimo crimen de guerra, sino en huella, cicatriz y vergüenza, uno de los más burdos ejemplos de crueldad e ignominia en un país atiborrado de ellos. En Colombia el relato de los horrores más que débil, aún no ha logrado enlistar todos los lugares que deben convertirse en pilares de la memoria”.
En la audiencia, en la que se resaltó la importancia de llegar a una verdad para una plena reparación, también se tocó el tema de la implementación del Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia y el Derecho a la Vida. La diligencia contó con la presencia de funcionarios del: Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Ministerio de Culturas y Saberes y el Archivo Distrital.
Respecto al Centro de Memoria del Holocausto que estará funcionando en la biblioteca Enrique Low Murtra del Palacio de Justicia, indicó la magistrada Gloria Estella López la importancia de un espacio que brinde la oportunidad de dialogar y reflexionar sobre los hechos históricos, como la toma y retoma, que han marcado la historia del país.
“Lo que se pretende es que sea un espacio de reflexión permanente sobre el derecho a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición. Así como a conservar todos los elementos y colecciones de memoria y de valor histórico de los hechos”.
El 6 de noviembre de 1985, un asalto perpetrado por el grupo guerrillero M-19 en el Palacio de Justicia de Bogotá desembocó en una violenta confrontación que terminó con un estimado de 100 muertos. La toma del palacio, seguida de una respuesta militar desproporcionada, culminó en la devastación del edificio y la perdida de vidas, incluyendo civiles, miembros de las fuerzas de seguridad, y guerrilleros. Entre las víctimas, también se registraron al menos 11 desaparecidos.
La ocupación del Palacio de Justicia por los insurgentes comenzó abruptamente y se intensificó con la movilización de tanques y bombardeos del Ejército. Durante el asalto, las tácticas agresivas del estado colombiano y la resistencia de los guerrilleros provocaron que personas retenidas como rehenes quedaran atrapadas en un letal fuego cruzado. Los rehenes y el Presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, hicieron llamados infructuosos para un cese al fuego. La ofensiva militar continuó hasta recuperar el edificio, lo que resultó en la muerte de todos en el cuarto piso, inclusive de destacados magistrados como Reyes Echandía, Medina Moyano y Gnecco Correa.
Las cifras oficiales de fallecidos en el trágico evento han generado controversia y cuestionamientos sobre la precisión en la identificación de las víctimas. Existe la preocupación de que el número de muertos sea mayor al informado por las autoridades. Este episodio dejó una marca indeleble en la historia colombiana y aún resuenan preguntas acerca de la ausencia de una efectiva coordinación gubernamental y las decisiones tomadas durante la crisis.
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