Los cerca de nueve meses que estuvo la atleta María Isabel Urrutia como ministra del Deporte en el Gobierno de Gustavo Petro la llevarán a los estrados judiciales y disciplinarios. La exfuncionaria acumula tres investigaciones, con una nueva formulación de cargos en su contra por parte de la Procuraduría a causa de irregularidades en 95 contratos de personal.
En menos de una semana, el Ministerio Público formuló dos pliegos de cargos en contra de Urrutia Ocoró por cuenta de contratos que firmó como ministra del Deporte. El primero de ellos por haber entregado un contrato a Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo) y, el segundo, por una maratónica contratación que realizó cuando ya estaba de salida de sus funciones.
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Los nuevos cargos se refieren a estos últimos. Para la Procuraduría, la ministra habría buscado asegurar el puesto a casi una centena de funcionarios por el resto del año 2023, por lo que se investiga si incurrió en favorecimiento a terceros saltándose los procedimientos legales de contratación.
De acuerdo con el Ministerio Público, Urrutia canceló los contratos por supuestos motivos personales de los contratistas, pero al día siguiente, y hasta tres días después, les renovó la vinculación con el mismo objeto contractual. La única diferencia es que les ampliaba el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.
A esta situación se suma que para el momento de la suscripción de varios de esos contratos, la ministra ya sabía que debía abandonar la cartera por decisión del presidente Gustavo Petro, quien en una alocución presidencial a finales de febrero anunció la salida de tres miembros de su gabinete.
“Al parecer, Urrutia Ocoró, que había renunciado dos días antes, pasó por alto el cumplimiento de los objetivos propios del Ministerio del que fungía como titular y las funciones que eran propias de la entidad, y prefirió beneficiar a terceros”, señaló la Sala de Instrucción Disciplinaria.
La Procuraduría acusa a la exministra del Deporte de desconocer el principio de moralidad por presuntamente haber favorecido a terceros con la contratación pública, por lo que habría incumplido el ordenamiento legal. De probarse, Urrutia incurrió en una conducta calificada como falta gravísima cometida a título de dolo.
En ese sentido, la atleta y exfuncionaria podría enfrentar una inhabilidad para ejercer cargos públicos entre 10 a 20 años, además de la destitución, según establece el régimen disciplinario. La sanción será determinada por los funcionarios de la Procuraduría según los alegatos de su defensa y la evaluación de las pruebas.
Esta formulación de cargos se suma a otra que realizó la Procuraduría en contra de María Isabel Urrutia, debido al proceso que adelantó para contratar la empresa encargada de instalar los sistemas de identificación en los estadios del país. La ministra decidió llevar el proceso por contrato interadministrativo, sin abrir licitación, pese a que el grupo de contratación le había advertido la necesidad de realizar una selección entre los interesados.
La ministra entregó la licitación por casi 5.000 millones de pesos a la Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo), que inició el 30 de diciembre de 2022, pese a que Bits Sport y Comité Paralímpico Colombiano también habían manifestado interés en el contrato.
“Por el hecho de adelantar el convenio, los términos en los que se gestionó y desconocer las recomendaciones que se le hicieron desde el Ministerio, el ente de control calificó de manera provisional la presunta conducta de la disciplinable como falta gravísima cometida a título de dolo”, señaló la Procuraduría.
Por los 95 contratos firmados en su último periodo, también se seguiría en contra de Urrutia una investigación en la Corte Suprema de Justicia por solicitud de la Fiscalía General de la Nación.