La ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) es la última etapa del ciclo presupuestal. En esta etapa, cada entidad del orden nacional compromete los recursos durante la vigencia fiscal para la que fue aprobado, con el fin de desarrollar sus objetivos misionales. La ejecución puede hacerse de distintas maneras.
Una forma muy común de gastar recursos públicos es por medio de la contratación o compras públicas.
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Las entidades del orden nacional pueden adelantar un proceso contractual en su misionalidad para adquirir bienes o servicios que van desde la simple adquisición de suministros (de papelería, por ejemplo) o la construcción de obras públicas de gran envergadura como carreteras u hospitales. Estos contratos pueden celebrarse con privados, entidades sin ánimo de lucro e incluso entre entidades públicas, como en el caso de los convenios interadministrativos.
Frente a esto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana dio a conocer quienes han sido los principales contratistas de la nación durante los últimos diez años. Entre estas suman $28,5 billones.
- Comcel S.A.: $4,4 billones.
- Consorcio CM Putumayo: $3,4 billones.
- Unión Temporal ETB Net Colombia Conectada: $3,2 billones.
- Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020: $3,2 billones.
- Consorcio Ferrosalud 2020: $2,8 billones.
- Consorcio Vial MCH 063: $2,8 billones.
- Unión Temporal Mapfre Seguros Generales de Colombia: $2,4 billones.
- Consorcio Vías Colombia 063: $2,2 billones.
- Servicios y Suministros CJVN SAS: $2,1 billones.
- Unión Temporal Mapfre - AXA - Previsora: $2 billones.
Pese a que el observatorio celebra los avances logrados en el país en materia de transparencia y acceso a la información contractual, identificó una serie de problemas relacionados con la complejidad y rigidez del marco normativo e institucional actual, la calidad de los datos reportados en el sistema (responsabilidad de cada entidad contratante), la opacidad de algunos procesos contractuales relacionados con regímenes especiales (contratación a través de fondos extrapresupuestales), y la falta de pedagogía sobre el sistema de información que fortalezca procesos de veeduría social.
“Es claro que queda mucho camino por recorrer. Reportes elaborados desde la misma entidad rectora podrían ser un gran insumo para que la sociedad civil conozca en detalle cómo y en qué se gastan nuestros recursos públicos. Este tipo de acciones se adelantan en otras latitudes con resultados positivos en términos de transparencia. Ese es el caso, por ejemplo, de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos”, anotó la entidad.
Por eso invitó a que la ciudadanía conozca el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y —en un ejercicio de veeduría— pueda hacer las consultas de su interés por medio de https://www.colombiacompra.gov.co.
Transparencia en la contratación
La entidad también anotó que el Estatuto de Contratación Estatal ordena que todas las actuaciones de quienes intervengan en este ámbito deben desarrollarse aplicando los principios de transparencia, economía y responsabilidad. En virtud del principio de transparencia, las entidades deben cumplir con una serie de obligaciones en el marco de los procesos contractuales que adelanten.
En ese contexto, entre otras cosas, deben indicar de manera pública los requisitos necesarios para participar en cada proceso de selección, dar la oportunidad a los participantes de conocer las decisiones que se tomen, precisar las condiciones de calidad y costo de los bienes o servicios a contratar, establecer reglas claras e imparciales, así como publicar y garantizar el acceso público de todos los documentos y actuaciones relacionadas con cada contrato estatal.
“Esta última obligación es de vital importancia, pues permite la veeduría ciudadana en la ejecución de los recursos públicos, facilita el control político y blinda de transparencia todas las actuaciones del Estado. Esto se materializa a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). Este es el sistema de información estatal de toda la contratación que se realiza en el país con cargo a dinero público. Este sistema es administrado por la Agencia Colombia Compra Eficiente (entidad descentralizada del orden nacional que pertenece a la rama ejecutiva) y está conformado por dos plataformas”, informó el observatorio.
La primera plataforma es Secop I, en la cual las entidades públicas publican todos los documentos relacionados con cada proceso contractual. Esta es una plataforma exclusivamente de difusión. La segunda es Secop II. En esta plataforma cualquier persona interesada puede hacer seguimiento a la contratación pública, y también sirve como plataforma transaccional en la que las entidades públicas gestionan todos los procesos de contratación con sus proveedores o contratistas.
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