Por compra del hospital San Juan de Dios, grupo español anunció que demandará al Gobierno Petro

Tras la oficialización de la compra de los hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil de Bogotá, a través de la firma del decreto 1959 del 15 de noviembre de 2023, se comenzarían a desarrollar los planes de restauración de los edificios de arquitectura francesa que se encuentran en el centro de la capital de la República, en desuso.

Sin embargo, se han comenzado a conocer algunos problemas, pues, aunque el plan de adquisición, de acuerdo con el decreto, permitiría la rehabilitación de los edificios, considerados patrimonio de la ciudad, para crear una sola entidad de salud, han salido a relucir posibles consecuencias legales, derivadas de previas negociaciones que se habrían adelantando en administraciones locales anteriores.

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Entre las acciones planteadas por el Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, está incluida la creación de una unidad médica que ocuparía las instalaciones de estos históricos hospitales, que serían sometidos a un plan de cuidado patrimonial, con el fin de dar lugar al “Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, como una entidad de carácter especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social”, de acuerdo con la información publicada por Presidencia.

No obstante, de acuerdo con una investigación de El Tiempo, existirían efectos colaterales como consecuencia de la medida de adquisición, debido a un contrato que el Distrito habría realizado para construir una megabobra hospitalaria en el lugar.

El mismo presidente Petro, deurante su anterior gestión como alcalde de Bogotá, había convertido la edificación en un hospital del Distrito, tras adquirirlo “con dineros públicos”, según la información de Presidencia.

De hecho, Petro criticó que su sucesor, el excalcalde Enrique Peñalosa intentara presuntamente demolerlo. “A mí me sucedió (Enrique) Peñalosa y lo que pensó Peñalosa fue en cómo dinamitarlo y construyó un contrato con una firma española que tiene como objetivo, como objetivo no, pero una de sus cláusulas es demoler el San Juan de Dios, el edificio central y fusionarlo con el hospital Santa Clara”.

Este contrato, que habría sido armado bajo la operación ‘llave en mano’, un sistema que le da la potestad de todos los procedimientos de la obra a una constructora o contratista, en la administración de Peñalosa encargaría la “dotación, mantenimiento y operación de una Unidad Médico Hospitalaria y un Centro de Atención Primaria en Salud” a una constructura cuya adjudicación se dio en la administración de la actual alcaldesa, Claudia López, según informó el diario El Tiempo.

Y es que, de acuerdo con el medio citado, “en la administración de López, la llamada Subred de Servicios de Salud Centro-Oriente seleccionó a la Sociedad Anónima de Obras y Servicios (Copasa) con domicilio en Galicia, España”.

De manera que, dentro de los líneamientos de Copasa, el contrato que sumaría los 466.576 millones de pesos, incluiría planes de demoler el antiguo edificio central, que estaría en conservación a fin de su recuperación defendida por Petro.

Por tanto, el permiso para que Copasa puediera intervenir las históricas edificaciones no habría podido ser ortorgado a la firma española, además, por tres negativas por parte del exministro de Cultura, Jorge Zorro, quien en línea con las intensiones de salvar el edificio, que es patrimonio, no pemitió la intervención, de acuerdo con el medio mencionado.

En esa misma línea, se conoció que el actual jefe de la cartera, Juan Manuel Correa, a través de la firma de un acto administrativo, expresó la porhibición de demoler la construcción de arquitectura francesa en la que funcionó la Escuela de la Salud de Colombia, en el siglo XVI, y donde “se salvaron las vidas de tantos trabajadores, trabajadoras, personas pobres”, según declaraciones de Petro.

Como consecuencia a la compra del San Juan de Dios, incluida en el Plan de Desarrollo de Petro, de acuerdo con información publicada por El Tiempo, la sociedad constructora española determinó “solicitar un tribunal de arbitramento internacional”, en vista de las posibles pérdidas, daños y perjuicios que la no operación del millonario contrato trearía.

Dicho medio conoció la demanda en la que los españoles estarían hablando de una suma de 90 mil millones de pesos, tras haberse conocido una suma menor, derivados de, no solo la evidente no ejecución del contrato inicial, sino de presumibles inumplimientos por parte de la Subred.

El documento, conocido por El Tiempo, enfatizó que “los hechos descritos anteriormente evidencian que la Subred ha incumplido de manera muy grave y sistemática el Contrato y la Ley Aplicable. La Subred ha deplegado una conducta que no se ajusta a los presupuestos de la buena fe objetiva, y sus incumplimientos inviabilizan la ejecución del Proyecto”.