Por transgredir los principios de planeación y transparencia en la construcción y entrega de 150 viviendas de interés social, fue condenado wl exgobernador de La Guajira Álvaro Cuello Blanchar, pues sus presuntas malas prácticas habrían provocado una “problemática social e hidrosanitaria de gran impacto”.
“La Corte Suprema de Justicia condenó a 72 meses y 1 día de prisión al exgobernador del departamento de la Guajira, Álvaro Cuello Blanchar, como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al tiempo que absolvió al exmandatario Hernando Deluque”, se lee en el comunicado de la Corte
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El exmandatario de La Guajira enfrentará una pena de 72 meses y un día de prisión, por la construcción del proyecto de vivienda II Etapa de la Urbanización Villa Sharín en 2002, en una vía que conecta a Riohacha con Valledupar, ya que dicho proyecto (Convenio de Cooperación), celebrado entre la Gobernación y la Constructora Limos, presentaría serías irregularidades en su planeación y construcción.
“De acuerdo con la sentencia, el entonces mandatario, en calidad de oferente del proyecto, transgredió los principios de planeación, transparencia y selección objetiva al desatender su deber de garantizar, previo a la suscripción del contrato estatal, la selección, evaluación y aprobación económica, administrativa, financiera, jurídica y técnica del proyecto y del constructor”, indicó el comunicado
Otras de las irregularidades presentadas en dicha celebración de contrato, fue que Cuello Blanchar “ofertó y consintió la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social que carecía de redes de alcantarillado, lo cual desencadenó una problemática social e hidrosanitaria de gran impacto”, enfatizó en el documento.
“El 24 de octubre de 2002 fue suspendida la ejecución de la segunda etapa de Villa Sharín debido al vencimiento de la licencia de construcción, cuya renovación fue denegada por el municipio de Riohacha al advertirse la imposibilidad de conectar las viviendas a las redes de alcantarillado de la ciudad”, se lee en la sentencia
En la misma providencia, la Corte emitió su veredicto absolviendo al exgobernador de La Guajira Hernando David Deluque Freyle, que había sido enjuiciado por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Este cargo se fundamentaba en su autorización para el desembolso de pagos a favor de la Constructora Limos durante el periodo comprendido entre febrero de 2001 y mayo de 2002. Es importante destacar que en dicho período, el proyecto de vivienda a cargo de dicha constructora enfrentaba serios inconvenientes que comprometían su culminación y entrega. A pesar de estas dificultades, la Corte determinó la absolución de Deluque Freyle en relación con los cargos imputados.
“A juicio de la Sala, se demostró que Deluque Freyle actuó en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal suscrito por su antecesor, el cual le imponía el deber de cancelar los peculios cuestionados, previa verificación del cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales fueron verificados y acreditados por la interventoría del proyecto”, concluyó la Corte
Exgobernador de Amazonas fue sancionado por la Procuraduría
La mañana del miércoles 15 de noviembre de 2023, la Procuraduría General de la Nación informó sobre una reciente sanción impuesta al exgobernador de Amazonas Manuel Antonio Carebilla Cuéllar y la exsecretaria de Educación Betsy Londoño Becerra por presuntamente haber celebrado contratos con una persona que, al parecer, estaba inhabilitada en el momento en que se llevaron a cabo dichos acuerdos.
En virtud de lo anterior, según informó la entidad de supervisión, el exgobernador se encuentra obligado a abonar salarios devengados por un monto total de $87.243.903, como consecuencia de haber “violado el régimen de inhabilidades”. En el caso de Londoño Becerra, la mencionada persona deberá realizar un desembolso de $53.208 millones por haber incurrido en circunstancias similares.
“La entidad ratificó que, para la vigencia 2016, el disciplinado suscribió un contrato de prestación de servicios por $27 millones con Joaquín Andrés Segura Samudio, cuando su hermano Edwin Segura Samudio, era el director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la entidad territorial; por lo que, se encontraba inhabilitado para celebrar contrato con la gobernación del departamento”, indicó el comunicado de la Procuraduría General de la Nación.
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