
La reorganización de la propiedad de la tierra en Colombia ha sido un reto para la institucionalidad a través de múltiples intentos de reformas agrarias. Con ese propósito se radicó un nuevo proyecto de ley que busca regular en el país el acceso a tierras por parte de multinacionales y extranjeros.
El proyecto es de autoría del senador del Pacto Histórico Wilson Arias, quien señaló que a la fecha el Gobierno no cuenta con herramientas para medir cuántos predios son de propiedad de personas o empresas extranjeras en el país.
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Según el congresista, las cifras que se tienen a la fecha son de organizaciones sociales y agencias especializadas que miden esa situación a nivel global. Con base en esos datos, el Ministerio de Agricultura considera que ya hay más de un millón de hectáreas (1′470.000) en manos de empresas y personas extranjeras.

Por eso, el senador vallecaucano considera que es momento para regular el mercado de tierras en el país, con el fin de nivelar entre los nacionales y los extranjeros, así como para hacer frente a lo que considera una posible oleada de compradores de tierras en el país.
“Podría haber una nueva avanzada porque el clima internacional está dando una situación muy similar a la del 2008 que impactan el mercado mundial de alimentos”, por lo que podría haber multinacionales interesadas en adquirir extensiones agrícolas que dificulten el acceso a tierras nacionales.
Según el congresista también del Polo Democrático, en la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos se produjo un aumento de la compra de tierras por parte de extranjeros en el país, por lo que se deben tomar precauciones para la distribución de las propiedades en el país en el contexto actual.
El proyecto propone que los extranjeros no puedan adquirir más del 15% de la frontera agrícola de cada municipio y, además, que se limite la adquisición a la misma cantidad a la que pueden acceder campesinos nacionales.
“Queremos que las personas naturales y jurídicas extranjeras en Colombia puedan comprar tierra, aquí no se afecta el núcleo esencial del derecho a la propiedad, pero lo regulamos a una unidad agrícola familiar (UAF), la misma a la que tienen acceso los campesinos”, señaló Arias.
El senador aseguró que el proyecto no es xenófobo ni busca expropiar tierras, debido a que no tendría un enfoque regresivo. Las personas jurídicas o naturales de residencia extranjera que tengan propiedades podrán mantenerlas, solo se implementará el nuevo régimen, de ser aprobado el proyecto, a partir de su entrada en vigencia.
Arias sostiene que la iniciativa se inspiró en una propuesta ya elaborada por el Partido de La U en el pasado, así como las normas implementadas por otros países y tratados internacionales, con el objetivo de “proteger la tierra como recurso finito y necesario para garantizar la soberanía alimentaria”.

Así mismo, en la iniciativa se propone la creación de un sistema de medición para la extranjerización de tierras que arroje datos fiables para poder realizar la regulación de su propiedad. En esta propuesta se realizaron mesas de trabajo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Agricultura.
“Este no es asunto que interese únicamente a quienes somos partidarios de este Gobierno, este es un asunto de altísima sensibilidad de causa nacional que está muy vinculado a los principios de soberanía, entre otros”, afirmó el senador Arias durante una plenaria del Congreso, en la que recordó que la iniciativa tiene antecedentes históricos por parte del partido Conservador.
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