Procuraduría pidió a la JEP investigar violaciones contra mujeres indígenas durante el conflicto armado

La Procuraduría General de la Nación (PGN) busca indagar presuntos hechos de violencia sexual que habrían sido cometidos en contra de mujeres indígenas por parte de militares. Por eso, solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) allegar información sobre procesos disciplinarios adelantados en diferentes batallones de la Tercera Brigada del Ejército, en los departamentos de Cauca y Nariño.

Dichos procesos disciplinarios responden a casos en los que, supuestamente, los soldados mantuvieron relaciones sexuales consentidas con mujeres de la población indígena, pero la PGN considera que, presuntamente, pudieron haber sido violaciones sexuales.

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La petición del organismo de control surgió luego de conocer declaraciones que brindaron cuatro exintegrantes de la fuerza pública (dos soldados y dos policías) referentes a su culpabilidad en un hecho de violencia sexual perpetrado contra una mujer indígena. En un primer momento, cuando fueron requeridos por la justicia ordinaria, aseguraron que sus acciones contaron con el consentimiento de la mujer, y que, por lo tanto, no constituían una violación.

Sin embargo, después informaron que, en efecto, obligaron a la víctima a mantener relaciones sexuales y que, además, recurrieron a la intimidación para evitar que denunciara el crimen. “Lo sufrido por esta persona no puede considerarse de manera independiente a la dinámica del conflicto armado, pues se está ante un hecho que no es aislado y se produjo en un contexto de control territorial”, explicó la procuradora delegada con funciones de intervención ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez López, citada en un comunicado de la entidad.

En ese sentido, existe la sospecha de que otros casos similares pudieron haberse presentado y que, erróneamente, pueden estar documentados como “relaciones sexuales consentidas”, cuando no lo son. Según la procuradora delegada, existe una alta probabilidad de que esta situación se haya repetido en varios casos, lo cual desfigura e invisibiliza los crímenes cometidos y a las víctimas, que, además, pertenecen a una población históricamente discriminada.

De acuerdo con el organismo de control, las presuntas violaciones sexuales permanecen ocultas dentro del macrocaso 50 de la JEP, que se enfoca en investigar de manera prioritaria las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) perpetradas en el conflicto armado interno.

El macrocaso incluye los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada (Cauca), y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí (sur del Valle del Cauca). “Junto con los Macrocasos de Urabá y de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte en Nariño, este es uno de los tres casos territoriales que ha abierto la Jurisdicción”, detalló la JEP en su sitio web oficial.

El norte de Cauca es la región con más casos de violencia sexual reportados en el Observatorio de Memoria del Conflicto, en los que estuvieron involucrados agentes del Estado como agresores, según la JEP. Asimismo, el norte de este departamento se presenta como una de las cinco subregiones con más casos de desaparición forzada y de siembra de minas antipersonal, según Acción Integral Contra Minas Antipersonal.

La JEP explica que las principales víctimas de esta variedad de violaciones a los derechos humanos son indígenas, afrodescendientes y campesinos, que sufrieron las consecuencias de múltiples crímenes de manera masiva y sistemática.

Así las cosas, la Procuraduría pidió a la Jurisdicción investigar de manera independiente los casos de violencia sexual cometidos contra mujeres indígenas y, además, indagar sobre posibles hechos de revictimización que se hayan perpetrado en contra de las mujeres indígenas que denunciaron los hechos. De esta manera, busca que los responsables de estos crímenes sean debidamente identificados.

El organismo de control también recordó que la JEP está encargada de velar por la justicia, siendo precisamente un componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.