Con el propósito de ampliar una red de seguridad en el país, que permita mayor efectividad en la resolución de casos de riñas, o incluso atracos, el Ministerio de Defensa, en cabeza de Iván Velásquez, estaría preparando un decreto que permita nombrar a los vigilantes vinculados empresas de vigilancia como gestores de seguridad y convivencia.
Con esta nueva articulación entre el Estado y las empresas de seguridad privada se busca: “Que se mejoren los intercambios de información y podamos actuar. Que esa gestión sea permanente y se pueda acopiar información constante para tener el contexto de los fenómenos criminales”, anunció el coronel John Harvey Peña, de la Jefatura de servicios de la Policía Nacional, en declaraciones a El Tiempo.
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En sus declaraciones, el oficial subrayó la importancia de la vigilancia privada, compuesta por aproximadamente 394.000 personas, como una primera línea de seguridad que podría colaborar activamente con las autoridades. Enfatizó en la posibilidad de fortalecer esta colaboración en áreas específicas y durante horarios críticos en los que se registra un aumento de delitos.
El oficial destacó que los vigilantes desempeñarían un papel crucial en la resolución pacífica de conflictos entre vecinos, situaciones que, de no abordarse adecuadamente, podrían desembocar en enfrentamientos y, en casos extremos, incluso en tragedias mortales. De esta manera, se aprovecharía el potencial de la vigilancia privada como un componente integral en la estrategia de seguridad, promoviendo no solo la prevención de delitos, sino también la gestión efectiva de situaciones conflictivas en comunidades locales.
El coronel informó al medio citado que para consolidar dicha red de apoyo se instalarán cámaras de seguridad privada, así como guardas de seguridad, que avisarían de primera mano los hechos de alteración al orden que se presenten.
Peña además destacó la diferencia entre una persona que realiza una llamada a las líneas de la Policía y un gestor de seguridad. Según sus afirmaciones, el simple acto de informar sobre un hecho puntual no otorga a alguien el estatus de gestor de seguridad. El verdadero gestor de seguridad, según el oficial, despliega una labor más amplia y continua, proporcionando información constante que incluso puede contribuir a la prevención de delitos.
“Es quien da información complementaria, que nos dé elementos para anticipar los hechos delictivos, que nos dice: hay un grupo de personas, los tenemos identificados con las cámaras“, complementó el coronel Peña
Por su parte, la superintendente delegada para el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Lorena Quintero, destacó al medio citado, la importancia de las redes ciudadanas en la lucha contra el crimen y la delincuencia común y organizada:
“No podemos desconocer que todos los colombianos somos ciudadanos y hacemos parte del engranaje para que exista seguridad y trabajar para identificar hechos delincuenciales (…) a eso se va a sumar el apoyo de la seguridad privada que dobla a la fuerza pública y además cuenta con apoyos técnicos, humanos y tecnológicos muy amplios”
La superintendente recalcó en que para poner en marcha dicho decreto, será necesaria la asignación de recursos, para capacitar a los nuevos gestores de seguridad y convivencia, además, que dicha alianza entre la fuerza Pública y las empresas de seguridad privada se llevará también a las zonas rurales del país.
”Se tendrá una asignación presupuestal del ente territorial para apoyar en la ejecución del proyecto. Así las cosas, en cualquier escenario en Colombia vamos a contar con el apoyo, con los recursos del territorio para que este proyecto se pueda llevar a cabo de la mejor manera”
El nuevo decreto buscaría hacer ajustes al ya existente 3222 de 2022, por el cual “se reglamenta parcialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”.
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