La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Adolfo Marulanda Morales, dieron una rueda de prensa, el 14 de noviembre de 2023, para despejar las dudas y temores que ha provocado el proyecto de ley que busca definir los topes en los incrementos del impuesto predial, que desde varios sectores ha sido rechazado.
La intención del proyecto, de acuerdo con la ministra Mojica, es “poder fijar unos topes para que esa disparada que se ha venido evidenciando con la legislación actual no se dé en los futuros ejercicios de actualización catastral”.
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Hay que advertir que en los últimos años se ha actualizado el catastro en país, que en algunos casos estuvo abandonado hace 15 o 20 años. Con esta actualización los predios han incrementado considerablemente su valor, esto redunda en incrementos en el impuesto predial, que en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Risaralda ha provocado desproporcionados aumentos.
Esto es lo que se quiere corregir, señaló la ministra Mojica:
“Producto de la actualización catastral en municipios en Antioquia, Cundinamarca, Valle, Santander, Risaralda, se ha venido dando una disparada del impuesto predial producto de la actualización del catastro. Esto es una realidad, porque en nuestro país la desactualización es bastante grande y cuando se hacen los procesos de actualización, después de 10, 15 o más años, pues, obviamente, la realidad de las tierras y de los inmuebles rurales cambia”
La ministra señaló que se quieren “fijar unos topes para que esa disparada, que se ha venido evidenciando con la legislación actual, no se dé en los futuros ejercicios de actualización catastral; queremos que el catastro se pueda actualizar y que las finanzas de los municipios mejoren”. Esto conllevaría, dijo la ministra, a que “Colombia cuente con un sistema de información adecuado para hacer procesos de titulación de tierras, de formalización de propiedad y de reforma agraria, pero que esto no se dé a costa de una crisis social que hoy estamos evidenciando con la subida de los precios del predial”.
El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi advirtió que en el país hay “más de 16 años, en promedio, de desactualización catastral” por lo que, acatando una de las directrices del Acuerdo Final de Paz con las Farc, se está en proceso de actualización del catastro en Colombia: “Los acuerdos de La Habana nos han exigido que hagamos actualización catastral con enfoque multipropósito.
“Su implementación ha tenido un pequeño problema y tiene que ver precisamente con que uno de los componentes, que es el componente económico, que hay que valorarlo, que hay que ajustarlo, que hay que llevarlo a una realidad mucho más cercana a los valores comerciales, ha generado un impacto significativo en nuestras comunidades. Hay incrementos del 1.000, 2.000%”, advirtió el director Marulanda Morales
También expuso un caso en Boyacá, en el que como resultado de ocho procesos de actualización catastral —iniciados en el gobierno anterior y concluidos en el actual— “se presentaron incrementos de 1.500% en el impuesto predial, frente a lo pagado el año inmediatamente anterior”.
Frente a las advertencias que ha hecho Camacol, de que este proyecto de ley podría agravar la crisis que vive el sector inmobiliario con la caída en las ventas, el director Marulanda Morales dijo que se busca, además de evitar incrementos del 5.000, 2.000 o 3.000% en el impuesto predial, para evitar precisamente que estas caídas en las ventas se mantenga, también se pueda dotar de información actualizada y precisa sobre el tipo de bienes inmuebles hay en el país para adelantar nuevos proyectos de vivienda.
“Si uno permite que siga creciendo el 5.000, el 2.000, el 3.000% el impuesto predial, efectivamente puede tener ese tipo de impactos, pero lo estamos mitigando precisamente; pero además lo estamos mitigando para que entidades como Camacol cuenten con información detallada de todos los municipios y de los detalles de lo urbano, de rural, dónde están esos lotes disponibles para poder hacer la vivienda de interés social y prioritaria, cuáles son las características de esas zonas, qué vías tiene, qué servicios tiene y puedan planear de una mejor manera los municipios y ellos la construcción de esa vivienda de interés social”
Finalmente, anotó que “sin el catastro multipropósito se dificulta todo ese tipo de temas, porque el ordenamiento del territorio no tiene información de detalle y actualizada precisamente para tomar esas decisiones, por el contrario, entonces, el catastro multipropósito y esta medida, en lo tributario, van a contribuir a que se facilite a todas las entidades, incluyendo a Camacol, en el caso de la vivienda, precisamente, el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios”.
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