Gustavo Petro ordenó a sus ministros “contratar a dedo” ante bajos niveles de ejecución del presupuesto de 2023

Una fuerte controversia causó la exigencia del presidente de la República, Gustavo Petro, que le pidió a su equipo de ministros que, a partir de la fecha, empiece a entregar contratos de manera directa en cada una de sus dependencias, con el fin de aumentar los niveles de ejecución del presupuesto aprobado para la vigencia 2023, que siguen siendo bajos.

Infobae Colombia conoció la directiva presidencial número 06, con la que el jefe de Estado conmina a los miembros de su gabinete que adelanten procesos de contratación sin intermediarios, lo que fue entendido en redes sociales como un claro llamado a que se contrate a “dedo”, sin cumplir los requisitos legales en materia de licitaciones.

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En la directiva, se especifica que, según el artículo 208 de la Constitución Política, y el artículo 44 de la Ley 489 de 1998, son los ministros y los directores de los departamentos administrativos los jefes de los recursos de sus respectivas dependencias.

“Y les corresponde formular las políticas públicas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”, se precisó en el documento, que se emitió el martes 14 de noviembre de 2023 y que ya fue publicado en la página web de la Presidencia de la República, denominada como el “uso eficiente de los recursos públicos”.

En el documento, también se hace mención de que cada una de las dependencias, como entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, “cuentan con la competencia, experiencia e idoneidad para ejecutar dichas políticas públicas” y, de forma directa, “adelantar los procesos de contratación de forma eficiente y eficaz”.

Lo anterior, según se expone en la resolución, porque conocen las características y condiciones de cada uno de sus sectores, con lo que “se cumple de mejor manera los postulados dispuestos en el artículo 209 de la Constitución Política”.

Esta justificación para no adelantar los procesos conforme a Ley 80 de 1993, que determina los parámetros de la contratación pública en el territorio nacional, desató toda clase de comentarios en contra del jefe de Estado, al que le cuestionaron el incurrir en viejas prácticas de otros gobernantes, ante lo que sería el riesgo de corrupción.

Aunque se remarcó en la directiva 06 que la celebración de contratos y convenios que habilita la ejecución de las políticas públicas y el gasto público, “deberán estar enmarcadas por actuaciones que garanticen una ejecución eficiente de los recursos públicos del Presupuesto General de la Nación”.

En el documento también se vio una tímida advertencia sobre el particular: “se extiende la instrucción a la debida, idónea y eficiente ejecución de los recursos” del mencionado presupuesto, por lo que se convocó a los representantes legales de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades descentralizadas, a atender la directriz dada.

Cabe destacar para la vigencia del 2023 se aprobaron $405,6 billones, mientras que para el periodo de 2024 ese rubro tuvo un notable incremento, pues quedó fijado en $502,6 billones: con destinación para Educación ($70,4 billones), Salud ($61,5 billones), Defensa ($56 billones), Hacienda ($47,5 billones) y Trabajo ($44,3 billones).