En el 2020 llegó a Colombia, como a gran parte del mundo, la pandemia del coronavirus. Por su presencia, el Gobierno nacional puso en marcha alivios para apoyar a las empresas colombianas en vista de las afectaciones económicas que desencadenó el confinamiento ciudadano.
Algunas compañías, a su vez, buscaron estrategias para solventar el duro panorama económico al que se enfrentaban. Un ejemplo fueron las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que decidió enviar en las facturas de los servicios públicos unos cupones con aportes voluntarios para quienes quisieran hacer este pago, junto a la cancelación de la deuda de sus servicios.
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Para la fecha, la empresa publicó en sus canales el doble cupón adjunto en los servicios para que los clientes de estratos más altos 4, 5, 6 y comerciales e industriales y quienes tuvieran la capacidad monetaria de realizar el aporte voluntario, lo hicieran con el objetivo de apoyar a las personas que necesitan auxilio con los pagos de los servicios de energía y gas.
Por lo que la empresa decidió modificar la factura que se entregaba habitualmente para luego añadirle el valor del pago neto de los servicios públicos del usuario o el pago con el costo de la donación sugerida para las familias necesitadas, estos variaban en montos que iban desde $3.000 hasta los $6.000.
¿Por qué la compañía de servicios tendría que regresar dineros a sus clientes?
Gracias a una acción popular que fue admitida por el Juez 30 Administrativo Oral de Medellín, Empresas Públicas de Medellín (EPM) tendría que regresar el dinero a los usuarios que hicieron este tipo de aportes.
Según reveló el diario El Colombiano, el abogado demandante Edier Esteban Manco Pinena decidió instaurar la acción popular después de recopilar testimonios de personas a las que les llegaron cuentas de servicios con los aportes ‘voluntarios’ sin que se hubiera mediado la información de manera clara. Según los relatos por la presunta falta de claridad en la factura, un gran número de ciudadanos pagó los montos de servicio público con un monto elevado.
Según la demanda, aunque presuntamente el cobro se hacía a los usuarios de estratos altos para “otorgar alivio económico al pago de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas” de los más vulnerables, la compañía también habría hechos estos cobros a los estratos bajos.
Por lo que el defensor judicial envió un derecho de petición hasta los directivos de EPM para que estos demostraran que informaron oportunamente a los usuarios de los cobros del aporte voluntario en las facturas de servicio, además, para que la compañía demostrara que informó el valor del monto que se iba a adicionar en el marco de la emergencia sanitaria, pero aunque este derecho de petición se entregó desde el miércoles 20 de septiembre, no recibió respuesta del gerente Jorge Andrés Carrillo.
Según el abogado, al no recibir respuesta, y gracias a los testimonios de la ciudadanía, se revela que la entidad no se adhirió a la normativa colombiana, sumando a las facturas cobros diferentes a los de la prestación de servicios públicos, sin que los usuarios expresaran su voluntad de autorizar la medida.
¿Cuál es el panorama para Empresas Públicas de Medellín?
Ahora Empresas Públicas de Medellín debe entregar ante el juez las pruebas que sustenten la modificación del servicio y dar cuentas del dinero que recibieron durante esta temporada.
Además, el defensor Esteban Manco Pinena espera que el juez exija a la compañía el retorno del dinero que se recaudó gracias a los aportes voluntarios de los usuarios que no estaban al tanto de la medida que se instauró hace un par de meses.