Los cuestionamientos a la corta gestión de María Isabel Urrutia como ministra del Deporte del Gobierno de Gustavo Petro continúan. La halterófila retirada fue acusada por parte de la Procuraduría General de la Nación por un contrato que no habría tenido en cuenta los procedimientos legales.
El Ministerio Público formuló pliego de cargos en contra de la exministra, “por su presunta participación en la actividad contractual de un convenio interadministrativo”, en el que se habrían cometido irregularidades por no tener en cuenta a otras entidades interesadas.
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El contrato que tiene en problemas nuevamente a Urrutia está relacionado con la implementación de los sistemas de identificación biométrica para el ingreso a los estadios del país. La ministra entregó la licitación por casi 5.000 millones de pesos a la Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo), que inició el 30 de diciembre de 2022.
Según la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, había advertencias por parte del grupo de contratación del Ministerio del Deporte respecto a que había más entidades y empresas interesadas en el proceso, por lo que se debía realizar una licitación pública.
Sin embargo, pese a ese concepto, se adelantó una contratación directa con Aldesarrollo. Por esa razón, el Ministerio Público considera que Urrutia Ocoró habría “desconocido los principios de moralidad, transparencia y responsabilidad de la contratación estatal, así como el deber de selección objetiva, por lo que podría estar incursa en la comisión de una falta de tipo disciplinario”.
Durante el trámite del proceso de licitación, el director de Inspección, Vigilancia y Control, Jorge Hernán Colmenares, y el jefe de la Oficina de Contratación, Edwin Yamit Martínez, según reveló Cambio, habrían manifestado su inconformidad con la forma en la que se estaba adelantando el contrato.
Ambos enviaron una carta con sus sugerencias para abrir la licitación de manera plural, pero solo conocieron del proceso pocos días antes de que fuera presentación al Comité de Contratación. Incluso los documentos ya contaban con su firma pese a tener reparos que llevaron a los funcionarios a apartarse de la formulación.
En la licitación también habrían estado interesados Bits Sport y Comité Paralímpico Colombiano, pero sus propuestas no habrían sido tenidas en cuenta. Esto se suma a otro cuestionamiento de la Procuraduría respecto a que posiblemente Aldesarrollo no contaba con personal idóneo para cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones pactadas.
Por el hecho de adelantar el convenio, los términos en los que se gestionó y desconocer las recomendaciones que se le hicieron desde el Ministerio, el ente de control calificó de manera provisional la presunta conducta de la disciplinable como falta gravísima cometida a título de dolo”, señaló la Procuraduría.
Debido a esa acusación, María Isabel Urrutia se podría enfrentar a una sanción e inhabilidad de más de diez años de los cargos públicos. Ahora deberá asumir el juicio y formular su defensa, para que los funcionarios disciplinarios establezcan si incurrió finalmente en las irregularidades advertidas por el Ministerio Público.
Urrutia, tras su despido su despido del Ministerio del Deporte, defendió el contrato y a la empresa Aldesarrollo para su ejecución. “La experiencia sí la tienen. Son tres universidades y el contrato interadministrativo se podía hacer. Segundo, cumplió todos los requisitos necesarios”, sostuvo en una entrevista con W Radio.
Este proceso disciplinario se suma a otro penal que tiene la exministra Urrutia ante la Corte Suprema de Justicia, debido a que luego de que se anunciara públicamente su salida, realizó una maratónica firma de una centena de contratos de personal, que llevaron a que fuera declarada posteriormente insubsistente por el presidente Gustavo Petro.