Ley del impuesto predial sería una “jugadita” para impulsar la reforma agraria: “Será una obligación vender predios a la Agencia de Tierras”

El Gobierno de Gustavo Petro genero una nueva polémica tras presentar en el Congreso de la República el proyecto de ley “por el cual se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado, se modifica la Ley 144 de 1990, se deroga la Ley 1995 de 2019 y se dictan otras disposiciones”.

Desde varios sectores se generaron diversas críticas. Por un lado, se dijo que este proyecto de ley haría que el impuesto de todos los predios incrementaría 300% el valor, hecho que el mismo ministro desmintió y que fue confirmado por otros expertos como el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

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No obstante, el mismo Restrepo señaló que tampoco es cierto que todos los ciudadanos se benefician o que no puedan existir propietarios a quienes sí se le podría incrementar dicho valor de manera desbordada.

Frente a lo anterior, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que con este se busca cambiar los límites del aumento del impuesto predial unificado (IPU), lo que representa un alivio para las familias, frente a la creciente actualización de los avalúos, que elevó de manera significativa el valor de los predios y generó incrementos considerables en el valor del impuesto predial.

Ante esto, otro exfuncionario, el exministro de Agricultura y expresidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Andrés Valencia, se refirió a la discusión y aseguró que “por esa vía el Gobierno le mete el acelerador a la reforma agraria, aumentándoles los impuestos a los propietarios rurales (pequeños y grandes), quienes no tendrían más opción que vender sus predios a la Agencia Nacional de Tierras”.

Valencia, por medio de X (antes Twitter) aseguró que el proyecto de ley elimina los topes que tienen los pequeños propietarios rurales establecidos en la Ley 44 de 1990 (normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz), la cual plantea una tarifa mínima establecida por los Concejos municipales. Según él, con el proyecto de ley del Gobierno el incremento podrá ser hasta del 50% del IPU del año anterior.

Anotó que la Ley 1995 de 2019 (normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz) que quieren derogar establece que los predios rurales de menos de 100 hectáreas el máximo incremento del IPU será del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 8 puntos porcentuales (p.p.) del monto liquidado el año anterior.

Entonces, insistió, con la propuesta se incrementa IPU a pagar entre 50% y 300% dependiendo del valor del avalúo.

Además, agregó que con ello “los productores que no puedan pagar el IPU podrían verse en la obligación de vender su predio al Gobierno, pues no tienen con qué pagar el enorme incremento. Así su inmueble se desvaloriza en el valor equivalente a la deuda”.

Dijo que, sin duda, la propuesta el Gobierno es dañina para los propietarios de la ruralidad, pues los nuevos prediales se volverían confiscatorios y ellos no tendrían más remedio que vender su predio por un menor valor al Gobierno. “Esto es toda una jugadita para acelerar la reforma agraria”, concluyó el exministro de Agricultura y expresidente de Fenavi, Andrés Valencia.

Frente al proyecto de Ley 292 de 2023, que cambia los límites de crecimiento del impuesto predial unificado (IPU), la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) considera que la propuesta puede generar incrementos en los costos asociados a los servicios de vivienda, en un escenario en el cual los hogares colombianos vieron deteriorada la capacidad de compra y el sector de la construcción presenta un deterioro severo en los principales indicadores.

El gremio anotó que el proyecto de ley plantea incrementos del impuesto predial de entre el 50% y el 300%, y de hasta el 100% en el segmento de vivienda de interés social (VIS). Respecto a la VIS, las ventas registraron una caída del 53% en lo corrido de 2023, lo cual implica que se han dejado de vender cerca de 73 mil viviendas de interés social frente a 2022.

El mismo gremio insistió en que el derecho a la vivienda digna y asequible debe ser una prioridad para los gobiernos, de manera que instamos a que las medidas encaminadas a generar desarrollo en las regiones tengan en cuenta las necesidades y capacidades actuales de los hogares colombianos, cuya situación requiere medidas que incentiven y promuevan la generación de vivienda, y no que, por el contrario, generen mayores costos y barreras de acceso.

Finalizó al decir que es importante tener en cuenta que para 2023 los colombianos dejaron de invertir $17 billones en compra de vivienda nueva, y que los arrendamientos enfrentan importantes presiones que podrían ser mayores si se suman nuevos impuestos.