En una apuesta por alcanzar una “paz total”, el presidente Gustavo Petro anunció a finales del año pasado un cese del fuego bilateral con grupos ilegales en Colombia. La meta era clara: “Suspender la afectación humanitaria a la población”. Sin embargo, a casi un año de ese anuncio, las negociaciones con el ELN el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, liderados por alias ‘Iván Mordisco’ e ‘Iván Márquez’, parecieran no tener un rumbo fijo e incluso varios han llegado a pensar que ya murieron.
Uno de los incidentes más recientes que ha captado la atención internacional fue el secuestro del padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz por parte del ELN. Este hecho reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de la población civil en las regiones afectadas por grupos que, paradójicamente, están involucrados en diálogos con el Gobierno.
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Pero ese no sería el único que hecho que pone en tela de juicio la seriedad con la que los grupos armados se estarían tomando los diálogos con el Gobierno nacional, según un análisis de El Tiempo. De hecho, mientras las conversaciones avanzan a paso lento, las acciones violentas persisten, como en el caso de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, que suspendieron unilateralmente la mesa de diálogo hace y siguieron con las presiones a la población para arremeter contra la fuerza pública del país, por ejemplo, en Argelia (Cauca) y Briceño (Antioquia), donde la minería ilegal y el cultivo de coca son motivo de conflicto.
Y es que, a pesar de los ceses al fuego anunciados, los datos muestran un aumento en delitos como el secuestro, que ha pasado de 142 casos entre enero y septiembre de 2022 a 241 en el mismo período de este año. La extorsión también se habría incrementado a pesar los acuerdos establecidos, alcanzando los 7.626 casos en lo que va corrido del año, según cifras del Ministerio de Defensa.
De hecho, hasta organizaciones internaciones ven con preocupación lo que sucede en el país en medio de una supuesta tregua en el conflicto armado, pues el último informe de la Misión de Paz de la OEA en Colombia alerta sobre la ‘normalización’ de la extorsión en varias regiones y destaca el encarecimiento de precios que amenaza la seguridad alimentaria de muchas comunidades. Además, se observa un aumento del 31% en los confinamientos forzados, según la Defensoría del Pueblo.
La falta de cohesión interna y la fragmentación de los grupos guerrilleros, en particular del ELN, se suman a los desafíos. A pesar de las intenciones de lograr una “paz total”, la seguridad de la población civil sigue sin garantizarse, y persisten preguntas sobre la viabilidad del proceso.
Incluso, el comisionado de paz, Danilo Rueda, se ha enfrentado a duras críticas por el manejo del proceso, y la falta de reglas claras, sistemas de monitoreo y verificación contribuyen a la complejidad de la situación. La posibilidad de financiar a grupos ilegales como parte de las negociaciones también ha generado controversia y desacuerdo dentro del Gobierno.
De hecho, según información revelada por el medio citado, desde que iniciaron los acuerdos de cese al fuego con el ELN, ese grupo armado ha realizado al menos 406 acciones armadas y 25 confrontaciones, a pesar de tener conocimiento sobre el impedimento que tiene la fuerza pública colombiana para atacarlos, en cumplimiento con el cese bilateral al fuego.
En medio de estos desafíos, la pregunta que prevalece es cómo recuperar el rumbo de las negociaciones hacia una paz duradera. La seguridad de la población civil y la erradicación de actividades ilícitas como el narcotráfico se presentan como desafíos cruciales en este proceso. A medida que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca resolver estos problemas, la voluntad de diálogo se enfrenta a una prueba crítica en las próximas semanas.