Corte Constitucional ordena brigadas de salud en Centros de Detención Transitoria de Bogotá: Alcaldía Mayor será la encargada de realizarlas

La decisión fue tomada por el alto tribunal después de que la Procuraduría lanzara una alerta por la situación de la población privada de la libertad

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Alcaldía de Bogotá deberá hacer
Alcaldía de Bogotá deberá hacer brigadas de salud para los presos de los Centros de Detención Transitoria - crédito Colprensa

En las últimas horas, la Corte Constitucional ha respondido a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, emitiendo una orden crucial para realizar brigadas de salud en los centros de detención transitoria (CDT) de Bogotá. Según informaron, esta medida busca atender las necesidades de la población privada de la libertad, especialmente después de las inspecciones judiciales ejecutadas por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, que revelaron una situación de salud alarmante entre los internos.

La Corte Constitucional basó su decisión en la sentencia SU-122 de 2022, la cual amplió el estado de cosas inconstitucional por hacinamiento carcelario a los CDT de todo el país. Este fallo tuvo como objetivo proteger los derechos de las personas detenidas preventivamente, estableciendo un esquema de salud permanente en los establecimientos de reclusión municipales, de acuerdo con la sentencia.

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Las brigadas de salud ordenadas por la Corte directamente a la Alcaldía de Bogotá son una respuesta concreta a las condiciones deplorables identificadas durante las inspecciones a los centros de detención de la capital colombiana. La Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, encargada de estas inspecciones, subrayó la gravedad de la situación de salud de varios internos, lo que motivó esta acción legal.

Según informó la Procuraduría, estas brigadas se enfocarán en proporcionar medicamentos y atención odontológica de emergencia, también deberá incluir a la población migrante recluida. Por su parte, La Alcaldía de Bogotá, como entidad encargada de ejecutar esta orden, tendrá la responsabilidad de presentar un informe detallado. En dicho documento deberá incluir todas las actividades realizadas, el personal involucrado, una lista completa de los servicios prestados y un registro exhaustivo de los casos más graves de afectación a la salud.

Defensoría solicitó medidas urgentes para
Defensoría solicitó medidas urgentes para hacerle frente al hacinamiento que se presenta en centros de detención transitoria en Bogotá - crédito Defensoría

Según determinó la Personería de Bogotá hace unas semanas, el hacinamiento sería uno de los principales factores no solo para propagar en enfermedades, sino para la fuga masiva de presos, pues según el más reciente informe, los centros transitorios y estaciones de Policía de la capital del país presentan una sobreocupación general del 169%.

Pero la situación parece ser más grave en algunas localidades, como en el caso de Usaquén, donde el hacinamiento llegó al 810%, seguido de Bosa con 557%; Kennedy con 493%; Usme con 415% y Ciudad Bolívar con 392%.

“Desde la Personería hacemos un llamado al Distrito y a entidades como el Ministerio de Justicia para hacer exigible la sentencia 122 de 2022, la cual exhorta a las entidades de garantizar la vida e integridad física de los privados de la libertad y del personal uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá que cumple labores de custodia”, dijo hace un tiempo Julián Pinilla Malagón, personero de Bogotá.

Y es que según reportó la Personería, las cifras alarmantes serían las responsables de hechos como la fuga masiva de presos en la Estación de Policía de Teusaquillo en el mes de agosto, donde 34 detenidos escaparon del centro a través de un caño y el sistema de alcantarillado aledaño. De hecho, en el informe se resaltó que, para el momento de la fuga, la estación se encontraba con un 272% de sobreocupación y bajo la seguridad de dos uniformados, de los cuales uno resultó gravemente herido.

Por su parte, expertos señalan que la crisis de salud en los centros transitorios y estaciones de la capital del país, que son una consecuencia del hacinamiento generalizado que se vive en todo el país, no es más que el resultado de un lento proceso de judicialización e imputación de cargos para ser trasladados a centros penitenciarios, además de un fracaso en la política criminal del Estado.

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