Thomas Greg & Sons y la Cancillería están citadas a audiencia de conciliación para el 30 de noviembre

Por medio de la resolución número 7485 del 13 de septiembre de 2023, la Cancillería declaró desierta la licitación pública No. LP-001-2023 con la que se buscaba adelantar la adjudicación del contrato para el suministro y personalización de pasaportes en el país. Esta decisión generó revuelo, sobre todo en la empresa oferente, Thomas Greg & Sons, que integra la Unión Temporal Pasaportes 2023, junto con las firmas Seguridad Móvil de Colombia, Thales DIS Finland Oy y Thales Colombia S.A.

El proceso de licitación, que tuvo varios traspiés, ya tenía a la vista un proveedor: la Unión Temporal Pasaportes 2023, que cumplió con los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos para poder quedarse con el contrato. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que existía una imposibilidad de adjudicación válida que ameritaba declarar desierta la licitación, por lo que Thomas Greg & Sons anunció que la Unión Temporal demandaría a la Cancillería.

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Se alega que los derechos e intereses de las empresas de la Unión Temporal se vieron vulnerados al haber obtenido la mayor puntuación en la evaluación que se hizo de los oferentes y, finalmente, no haber recibido el contrato para la prestación del servicio, cuyo valor se acerca a los 600.000 millones de pesos. Aseguran que no hay motivos suficientes para impedir la escogencia objetiva del proveedor, como aseguró la Cancillería en la resolución.

Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que se llevará a cabo una audiencia de conciliación entre Thomas Greg & Sons y el Ministro de Relaciones Exteriores el 30 de noviembre de 2023, a las 9:30 a.m., en la sede del organismo de control.

La resolución argumenta que con el proceso de licitación no es posible garantizar una selección objetiva de los oferentes, porque, entre otras cosas, “materialmente se presentó un único proponente”. Antes de la apertura de la licitación, varias firmas que buscaban quedarse con el contrato denunciaron un presunto favorecimiento a Thomas Greg & Sons, que se ha encargado del suministro de pasaportes en Colombia desde 2006.

Argumentaron que varios de los requisitos enlistados en los pliegos solo podía cumplirlos esta empresa. En ese sentido, alegaron que no se estaba garantizando el principio de pluralidad de oferentes. Por eso, la Cancillería consideró que, en efecto, no había seguridad de una libre concurrencia en la licitación y, como consecuencia, la declaró desierta y afirmó que se dará apertura a otro proceso contractual. Además, declaró estado de urgencia manifiesta para que los colombianos cuenten con el suministro de pasaportes mientras se resuelve la situación.

En su momento, el ministerio tuvo que revisar 104 observaciones por falencias que identificaron las empresas interesadas en el proceso. Esta evaluación se adelantó mientras el proceso estaba suspendido; luego se reanudó contando con garantías de que este sería “democrático, participativo y transparente”. Finalmente, esto no pudo cumplirse a cabalidad.