JEP cerró las puertas a exfuncionario del DAS procesado por el caso de tortura contra la periodista Claudia Julieta Duque y su hija

Enrique Ariza Rivas, que además fue condenado por “chuzadas” a la Corte Suprema de Justicia, no aportó a la verdad e insistió en su inocencia frente a los hechos

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Enrique Ariza Rivas fue director
Enrique Ariza Rivas fue director general de Inteligencia del DAS entre 2004 y 2005, y tras conocer su condena, buscó asilo político en Estados Unidos argumentando que la decisión de los jueces de la República se debía a una persecución política - crédito Chepa Beltran/Europa Press

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) excluyó a Enrique Ariza Rivas, exdirector de Inteligencia del DAS, condenado por el escándalo de las “chuzadas” contra la Corte Suprema de Justicia y procesado por el caso de tortura contra la periodista Claudia Julieta Duque Urrego y su hija.

La decisión se tomó con la firma de la resolución 3590, luego de evaluar que el compareciente no realizó aportes a la verdad, pese a que había señalado que tenía la “idoneidad” para ser admitido en dicha jurisdicción de paz.

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Así, indicó la JEP que Ariza Rivas “no había cumplido con el deber de aportar verdad plena e inédita respecto de lo ya probado en el proceso penal ordinario”.

“El aporte a la verdad no implica para el solicitante la obligación de aceptar responsabilidades, pero sí la de ofrecer un relato completo y detallado sobre lo que le conste acerca de los hechos y quienes participaron en su ejecución”, ha dicho la Jurisdicción Especial para la Paz en varias sentencias.

El tribunal también concluyó que durante todo el proceso de sometimiento a la justicia de paz, el exdirectivo del DAS insistió en su inocencia, sin importarle la condena en su contra por el delito de concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones, ni el proceso penal en curso por el caso de tortura contra la periodista Claudia Julieta Duque.

“(...) no ha ofrecido verdad exhaustiva ni tampoco ha reconocido su responsabilidad sobre los hechos, frente a los cuales ya cuenta con condena ejecutoriada en la justicia penal ordinaria” señaló la magistratura.

En junio de 2022, el mismo Enrique Ariza Rivas expresó su decisión de retirar su solicitud de sometimiento a la JEP, la cual había sido negada en su momento. El tribunal rechazó esta petición y aseguró que de aceptar la renuncia de Ariza Rivas se “afectaría en forma desproporcionada los derechos de las víctimas y comprometería la misión que la Constitución y las leyes le han asignado a la JEP”.

Cabe recordar que Ariza Rivas, que fue director general de Inteligencia del DAS entre 2004 y 2005, tras conocer su condena, buscó asilo político en Estados Unidos argumentando que la decisión de los jueces de la República se debía a una persecución política.

Estando en Estados Unidos, el CTI y agentes de inmigración, de acuerdo con información de El Tiempo, coordinaron un operativo para que la justicia norteamericana se enterara de que Ariza Rivas no solo había interceptado ilegalmente a magistrados y congresistas, sino que además torturó psicológicamente durante tres años a la periodista investigativa Claudia Julieta Duque y a su hija.

La periodista empezó a ser víctima de una persecución desde 2001, luego de revelar información sobre los desvíos de la investigación por el asesinato de Jaime Garzón. Dentro del material probatorio que las autoridades presentaron en las audiencias contra Ariza Rivas, se expuso una carta en la que la amenazaban de muerte a la periodista y a su hija, lo que la obligó a exiliarse.

En julio de 2022, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la tortura psicológica, las amenazas, las interceptaciones ilegales y la persecución contra la periodista Claudia Julieta Duque y su hija.

El 30 de marzo de 2016, el exdirector de Inteligencia del Das fue capturado y llevado a un centro de detención migratorio en Estados Unidos, mientras que su defensa insistía en el asilo, para lo cual le faltaron solo dos audiencias. Sin embargo, un juez terminó negándole el beneficio por las pruebas y la información proveniente desde Colombia.

La justicia estadounidense lo entregó en 2017 a la Dijin. Desde entonces, Ariza está compareciendo ante la JEP en calidad de agente de Estado no integrante de la fuerza pública.

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