Más de 74.000 millones de pesos costó el Centro de Justicia Restaurativa que construyó la Alcaldía de Bogotá y Gustavo Petro no quiso recibir

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, calificó de “amables desencuentros”, a las diferencias que ha tenido su administración con el Gobierno Nacional, pues tienen diferentes visiones de ciudad.

De hecho, uno de esos temas que nunca tuvieron un acuerdo está relacionado con el Centro de Justicia Restaurativa juvenil (CJR) que está dentro del Centro Integral de Justicia Campo Verde ubicado en Bosa. Este centro fue construido para la reclusión de más de doscientos jóvenes con algún tema pendiente con la ley y que se acojan al Sistema de Justicia Restaurativa Juvenil. Por su parte el complejo Campo Verde además tiene una URI, una Manzana del Cuidado, un CAI y otros equipamientos de justicia.

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Si bien es el complejo más grande de su tipo en todo el país, con al menos 12.624 metros cuadrados de infraestructura y más de 6.830 de espacio público y contó con una inversión de 74.000 millones de pesos y la presencia de todos los servicios de seguridad y justicia del Distrito, el presidente Petro, a través del ICBF, no lo quiso recibir, pues desde su postura el Centro de Justicia Restaurativa Juvenil (CJR) no se alínea con las nuevas políticas de justicia del Gobierno Nacional, ya que este se opone a la reclusión de los jóvenes.

“Con los impuestos de los bogotanos se construyó en Bosa un Centro Penal de Justicia Restaurativa para jóvenes que delinquen, los jueces les imponen una medida privativa y se cumple en este tipo de establecimientos. El ICBF nos notificó que siguiendo la política nacional no recibirá el complejo”, aseguró la mandataria durante el consejo de seguridad que tuvo con el presidente Petro el 28 de septiembre pasado.

En el mismo espacio, López aseguró que no estaba de acuerdo con la decisión, pero que agradece la “franqueza” de la directora del ICBF, que luego de un año de proceso había comunicado la determinación. “El sistema juvenil penal restaurativo de Bogotá sí tiene pena privativa de la libertad, porque eso lo dice la ley, no Bogotá. Tiene un sistema de resocialización efectiva del 96%, de manera tal que yo creo que era una cosa que valía la pena recibir y continuar, pero la política del Gobierno Nacional es otra y, por supuesto, nosotros la respetamos”, aseveró la alcaldesa.

La subsecretaria de Acceso a la Justicia, Juliana Cortés habló del Centro de Atención Especial para Jóvenes (CAE) y aclaró que desde el comienzo del proyecto se contó con la asesoría del ICBF , antes del cambio del gobierno, se había decidido hacer una operación conjunta entre el distrito y el Instituto de Bienestar Familiar para temas relacionados con las medidas privativas de la libertad en jóvenes, pero esas determinaciones cambiaron con la decisión del Presidente.

“Nosotros veníamos trabajando de la mano con el ICBF y le hemos apostado a la justicia restaurativa y creemos en las segundas oportunidades, pero ellos determinaron que definitivamente no coinciden con la privación de la libertad y por eso decidieron no operarlo” explicó.

A través de un video publicado por la alcaldía de Bogotá se pueden ver algunos de los espacios con los que cuenta el complejo de Campo verde, en las imágenes se muestran las oficinas de Fiscalía, el ministerio público e incluso algunas de las celdas.

Además, según pudo conocer El Tiempo, en la primera planta del lugar está la Casa de la Justicia, donde se agrupan todos los servicios de Distrito y de la Nación como la Secretaría de Integración Social, las comisarías de familia, Fiscalía, los centros de conciliación, la ruta de atención a la mujer más grande de Bogotá, entre otros.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad, esta casa de la justicia ha logrado la atención de 8.000 personas con procesos judiciales, en un periodo de un año, que es lo que lleva funcionando, 2.000 mujeres que han buscado protección y otros 20.000 casos de ciudadanos con problemáticas varias.

No obstante, según contó Cortés, la apertura de Campo Verde, a pesar de toda la oferta de servicios, generó en su momento molestia entre la comunidad de Bosa, pues creían que lo que se les iba a construir era una cárcel. “Cuando se inició este proyecto, la ciudadanía decía ‘esto es una cárcel’ y uno de los grandes retos fue entender cómo romper los mitos que había entre la comunidad y mostrarles que este proyecto era por y para ellos”.

Otro de los equipamientos con los que cuenta Campo Verde es la Manzana del Cuidado más grande de la ciudad que atiende a mujeres con servicios de acceso a la justicia. Por último, el complejo cuenta con un CTP (Centro de Traslado por Protección) que son las antiguas UPJ, que tiene una capacidad superior a las 300 personas y que está próximo a entrar en funcionamiento cuando se finalice la fabricación de los protocolos entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía y el Distrito.