Acemi respondió a la Superintendencia Nacional de Salud por “faltante histórico” de 12 billones de pesos

El gremio aseguró que no se puede desconocer la realidad presupuestal del sector en la evaluación de las reservas técnicas de las EPS

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La Superintendencia de Salud informó
La Superintendencia de Salud informó que 20 EPS no tienen recursos suficientes para cubrir sus reservas técnicas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que reúne 11 EPS del régimen contributivo, se pronunció sobre el reciente informe emitido por la Superintendencia Nacional de Salud en el que se responsabiliza a 20 Entidades Promotores de Salud (EPS) de no tener recursos suficientes para respaldar reservas técnicas. Además, afirma que existe un “faltante histórico” de 12,4 billones pesos por tal concepto.

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro aseguró que las EPS están evadiendo la ley por no garantizar el dinero correspondiente para cubrir las reservas, con las que se protege a los usuarios del sistema de salud.

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Debido a la polémica que generó el informe, Acemi advirtió en un comunicado que, en efecto, las reservas buscan garantizar el acceso a servicios de salud y se definen como pasivos con los que cuentan las EPS por servicios facturados, por aquellos que ya fueron autorizados, pero no han sido facturados y por imprevistos que se puedan presentar.

Para poder responder a todos estos escenarios, las entidades están obligadas a invertir las reservas en “activos financieros con características de alta liquidez y seguridad”. Sin embargo, el documento de la Superintendencia Nacional de Salud explica que solo cuatro EPS cuentan con dinero suficiente para respaldar las reservas. Es decir, solo esas entidades cumplirían con la normativa.

De acuerdo con Acemi, hay tres aspectos importantes que influyen en el no cubrimiento de los 12 billones de pesos faltantes. El primero de ellos corresponde al hecho de que de las reservas técnicas está permitido deducir por conceptos como cuentas por cobrar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) de los servicios que no están contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). También por pagos de giro directo y por anticipos.

El segundo, para 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social autorizó el pago de obligaciones de las EPS con la red de prestadores del servicio con dinero de las reservas invertidas. En consecuencia, se gastaron 1.7 billones de pesos en los respectivos pagos a la red, que se descuentan de las reservas.

Por último, el respaldo de las reservas se dificulta debido al pago de Unidad de pago por Capitación (UPC), que otorga el Ministerio de Salud a las EPS por cada usuario, el cual Acemi considera insuficiente. A esto le suma las demoras en pagos de deudas por servicios que no están en el PBS, que, además, también califica de insuficientes.

“Una prima insuficiente acarrea pérdidas técnicas para las EPS, acumula pérdidas y diezma los patrimonios de las EPS. En la actualidad, el patrimonio agregado de las EPS es de -$2,7 billones y las pérdidas acumuladas alcanzan los $5,6 billones”, detalló Acemi en el comunicado.

Según el gremio de EPS, esta falta de recursos se presenta a pesar de que los accionistas de diversas compañías han aportado un capital de 1,5 billones a las Entidades Promotoras de Salud durante los últimos cinco años.

No es posible desvincular la discusión sobre reservas técnicas del llamado reiterado que hemos hecho sobre la realidad presupuestal del sector salud. La conversación nacional debe orientarse a asegurar que los recursos de la salud sean suficientes para garantizar el plan de beneficios en salud garantizado”, sostuvo Acemi en un comunicado.

En ese sentido, Acemi instó a las EPS, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia a un espacio de diálogo técnico en el que se analice a fondo la problemática que hay de cara a las reservas técnicas, contemplando el punto de vista de las entidades promotoras. Se busca entonces una discusión que “entregue claridades al país sobre el uso serio y responsable que hacemos de los recursos de la salud de todos los colombianos”.

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