Así fue la “pitazón” de taxistas en Bogotá para no dejar dormir a la alcaldesa Claudia López: “Usted no persiguió la ilegalidad”

Sobre la medianoche del 8 de noviembre, una multitud de alrededor de cinco decenas de taxistas se reunieron en el en la calle 85 con Autopista Norte y emprendieron una caravana hacia el oriente, hasta llegar a la carrera Séptima.

El propósito de su encuentro era coordinar su plan de protesta, pues anunciaron que otro paro de taxistas se tomará las calles de Bogotá el miércoles 22 de noviembre.

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Pero este no era su único objetivo: también hicieron una “pitazón” y pusieron música a todo volumen desde la carrera Séptima hasta el parque de los Hippies, lugar donde se encuentra la residencia de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Su intención era que sus reclamos llegaran hasta la mandataria de los capitalinos.

“Nos unimos por primera vez para celebrarle su cuarto cumpleaños (...) de ineficacia, de persecución hacia el gremio de taxistas, usted no persiguió la ilegalidad”, dijo Hugo Ospina, uno de los representantes de taxistas en Bogotá. Agregó que Bogotá tiene una sobreoferta de transporte por cuenta de los servicios que prestan mototaxis y vehículos particulares, lo que, dice él, ha influido en que Bogotá sea la ciudad con peor movilidad en América Latina.

El líder invitó a López a que combatiera el transporte ilegal en la ciudad; es decir que impusiera sanciones de inmovilización a vehículos particulares que presten servicios de transporte a los bogotanos. También le solicitó a la alcaldesa a que “no inmovilice más los taxis por el sello de tarjetón de tarifas”.

A pesar de la presencia de la Policía, agentes de tránsito y grúas en el lugar, pasaron más de noventa minutos hasta que los taxistas desistieron de hacer presencia en esta zona de la ciudad.

Según expresaron tres de los líderes en video esperan que a esta nueva jornada que están convocando se unan todos los taxistas. Aseguraron que la alcaldesa logró algo que no había pasado y fue la unión entre los diferentes líderes del gremio, pues a pesar de que tuvieran diferencias, en esta ocasión llegaron a acuerdos :

Estos representantes de varias localidades de Bogotá afirmaron que hay taxistas que “siguen pagando préstamos gota a gota para poder pagar el arriendo y suplir sus necesidades básicas a cuenta de la ilegalidad”, mientras que otros han perdido sus vehículos.

Ospina asegura que la alcaldesa tiene herramientas jurídicas para parar el transporta ilegal. De hecho, la Superintendencia de Transporte le respondió un derecho de petición a este ciudadano en el que se lee que el literal e del artículo 49 de la Ley 336 de 1996 “sí contiene mecanismos para sancionar la prestación de servicio no autorizado de transporte de pasajeros de manera remunerada en vehículos particulares y motocicletas”.

La sanción es de inmovilización del vehículo por tres meses. Mientras que si existe reincidencia en la conducta, la multa es de entre cinco y 20 salarios mínimos mensuales; es decir, entre 5′800.000 y 23′200.000 de pesos.

No obstante, esta comunicación contrasta con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ya permitió que las plataformas de servicios de transporte privado siguieran operando en el país.

Otro de los puntos que ha sido mencionado en reiteradas ocasiones es el de las multas por el tarjetón vencido o adulterado. Al respecto, los líderes del gremio han levantado su voz contra lo que consideran “inmovilizaciones injustas”.

Según Ospina, la Secretaria de Movilidad ha permitido que los agentes de tránsito sancionen a taxistas cuando se vencen sus tarjetones de tarifas, una infracción que, dicen ellos, no existe en el país.

La polémica en torno a esta supuesta infracción se remonta a 2019, cuando la Procuraduría General de la Nación anunció que investigaría a las entidades que aplican multas por la infracción B15, que corresponde en el Código de Tránsito a “conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado”.

La entidad de control solicitó al Ministerio de Transporte establecer un criterio claro para determinar las “condiciones de fácil lectura” y cuándo se considera que un “aviso está deteriorado”. Ese mismo año, la Superintendencia de Transporte notificó a las autoridades que no llevar la tarjeta de tarifas vigente o negarse a prestar el servicio son conductas que no pueden ser sancionadas.