Contraloría advirtió sobre posibles riesgos en las tarifas de sostenibilidad del Soat

Un estudio liderado por la Contraloría General de la República, con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), arrojó resultados preocupantes respecto a la sostenibilidad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

El informe reveló falta de coordinación con las organizaciones responsables como el Ministerio de Salud y Protección social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que podría afectar seriamente la capacidad del sistema para cubrir los gastos en salud y la atención integral de las víctimas de accidentes.

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De acuerdo con el ente de control nacional, con la puesta en marcha del Decreto 2497 de 2022 quedaron definidas las categorías de rangos diferenciales según el riesgo y se redujo al 50% del valor total de la póliza Soat a los dueños de vehículos como ciclomotores, motos de 100 c.c y entre 100 y 200 c.c, motocarros, triciclos, cuatriciclos, autos de negocio, buses y busetas urbanos y servicio público intermunicipal.

Aun así, se llevaron a cabo cambios en los valores establecidos para los pagos de cobertura en los servicios de salud prestados a las personas víctimas de siniestros viales. Los valores quedaron fijados de la siguiente forma:

• Hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) con cargos dirigidos a las aseguradoras.
• En el caso de la Adres, le corresponderían entre 300 y 900 salarios mínimos para las categorías de vehículos que pertenecen al rango diferencial por riesgo.

El primero de ellos es la insuficiencia de recursos, ya que no hay afectación en la financiación de los servicios de salud que ya ascienden a los 300 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y llegan hasta 800 SMDLV. “Esto implica un esfuerzo fiscal con cargo al Presupuesto General de la Nación, que para el año 2023, se proyecta en un déficit de $810.000 millones de pesos”.

El otro dolor de cabeza que se afronta con esta problemática financiera es que, al reducirse el valor del Soat, se ha registrado una disminución en las contribuciones y transferencias de ley para, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Asnv) y los recursos administrados por la Adres del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Fonsat) que están destinados a pagos de accidentes ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados.

La última de las dificultades que se presenta está relacionada con los problemas en los trámites y pagos, debido al retraso en la oficialización del Decreto 2497 de 2022. Estos dineros pendientes podrían sumar más de $650.000 millones en torno a 58.000 requerimientos en servicios de salud, lo que aumenta las dificultades financieras de los prestadores.

Adicionalmente, la Contraloría afirma que las conclusiones finales del análisis técnico presentado en diciembre de 2022 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte al Ministerio de Salud son erradas, “puesto que las tarifas diferenciales sí tuvieron el potencial de impactar negativamente los recursos destinados para la atención de víctimas de accidentes de tránsito, la medida no tuvo la capacidad para promover la compra del Soat, y por consiguiente, reducir la evasión”.

De acuerdo con cifras de la Ansv, el panorama en siniestros viales aumentó. Con cálculos y estudios hechos hasta septiembre de 2023, se reportaron un total de 6.151 víctimas mortales, un 2,72% con relación a 2022. La mayor cantidad de accidentes se registraron en motocicletas, que dejaron 288 fallecidos, con un 8,15% mayor al mismo periodo.

Desde el ente de control recomiendan que sean revisadas las malas prácticas a la hora de conducir y darle prioridad en la agenda de intervenciones en salud pública, así como reforzar la política en prevención de accidentes de tránsito por las vías del país.

“Desde la Contraloría estaremos haciendo vigilancia y haremos las advertencias necesarias para la promoción de la transparencia, la eficiencia y la calidad de la atención a las víctimas de siniestros viales. Invitamos a las autoridades encargadas de tomar las medidas pertinentes para poder superar estos desafíos financieros e institucionales, así como también garantizar una atención en salud integral y oportuna a todos los actores viales del país”, dijo el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga.