Al padre de Luis Díaz le corresponde una millonaria indemnización tras su secuestro: ¿cuánto debe esperar para recibirla?

Por fin. El 9 de noviembre fue liberado Luis Manuel Díaz, papá del futbolista colombiano Luis Díaz, del Liverpool de Inglaterra y la selección Colombia. Esto, tras doce días de haber sido secuestrado por el ELN en La Guajira.

Fueron días de zozobra, tanto para la familia Díaz, como para los habitantes de Barrancas (La Guajira) y para los colombianos, quienes desde el 28 de octubre, cuando se produjo el hecho, siempre estuvieron pendientes del caso del padre del querido jugador.

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No obstante, la felicidad del regreso del popular Mane Díaz no es completa en el país, ya que en Colombia hay otras 39 personas secuestradas, la mayoría en poder de dicho grupo subversivo.

El secuestro, definido por la Comisión de la Verdad, es un delito y una infracción al derecho internacional humanitario (DIH) que aún no se logra superar porque atenta contra la libertad, la dignidad y la integridad, no solo de la persona que está directamente secuestrada, sino de sus seres queridos y de la sociedad en su conjunto.

En Colombia, de acuerdo con la Unidad de Víctimas, quienes se ven afectados por este y otros delitos tienen derecho a una indemnización de parte del Estado. El caso del padre de Luis Díaz, de 56 años de edad, no es la excepción. Por haber sido secuestrado recibirá un jugoso monto. Si fue víctima de otros hechos, le corresponde mucho más.

Dicha indemnización “es una medida de reparación integral que entrega el Estado colombiano como compensación económica por los hechos victimizantes sufridos, que busca ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas que acceden a esa medida”.

La indemnización administrativa se entrega a las víctimas de los siguientes hechos:

• Secuestro: 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), que en la actualidad, teniendo en cuenta que un smlmv equivale a $1.300.606 (con auxilio de transporte), serían $52.024.240. Estos se entregan de manera directa quien haya sido liberado, no a los familiares.
• Homicidio: 40 smlmv, divididos entre los familiares de la víctima que murió, dependiendo de su estado civil en el momento de la muerte.
• Desaparición forzada: 40 smlmv, divididos entre los familiares de la víctima desaparecida, dependiendo de su estado civil en el momento de la desaparición.
• Lesiones personales que generaron incapacidad permanente o discapacidad: hasta 40 smlmv, según la Resolución 0848 de 2014, se entrega directamente a la víctima que sufrió la lesión.
• Lesiones personales que generaron incapacidad: hasta 30 smlmv ($39.018.180), según la Resolución 0848 de 2014, se entrega directamente a la víctima que sufrió la lesión.
• Reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes: 30 smlmv, se entregan directamente a quien sufrió el hecho.
• Delitos contra la libertad e integridad sexual, incluidos niños, niñas y adolescentes nacidos como consecuencia de una violación sexual durante el conflicto armado: 30 smlmv, se entregan directamente a quien sufrió el hecho.
• Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes: se entregan de manera directa a quién sufrió el hecho. Según la Resolución 00552 de 2015, se entrega directamente a la víctima que sufrió la Tortura con las siguientes reglas: Las víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas – RUV – por el hecho victimizante tortura, recibirán una indemnización por vía administrativa igual a 10 smlmv ($13.006.060). Si la tortura de que fue objeto le generó lesiones personales, se dará aplicación a lo establecido en la Resolución 848 de 2014 y se le reconocerá, además, el monto que le corresponde por la afectación física o psicológica sufrida; no obstante, la sumatoria de estos montos no podrá superar los 40 smlmv que refiere el inciso 2 del parágrafo 2 del artículo 2.2.7.3.4 del Decreto 1084 de 2015.
• Desplazamiento forzado: la indemnización se distribuirá por partes iguales entre los miembros del grupo familiar víctima del desplazamiento forzado incluidos en el Registro Único de Víctimas. En virtud de la Sentencia SU-254 de 2013, habrá núcleos familiares que recibirán 27 smlmv ($35.116.362) y otros que recibirán 17 smlmv ($22.110.302).

Si una misma persona es víctima de más de un hecho victimizante, tendrá derecho a que la indemnización administrativa se acumule hasta por un monto de 40 smlmv.

Además, que la indemnización administrativa para niñas, niños y adolescentes víctimas deberá efectuarse a través de la constitución de un encargo fiduciario. Una vez el destinatario de la indemnización cumpla la mayoría de edad, podrá disponer integralmente de su indemnización.

La Unidad para las Víctimas implementó un procedimiento para el reconocimiento y pago de la medida de indemnización administrativa, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en el auto 206 de 2017. Tal procedimiento se encuentra reglamentado en la Resolución 1049 de 2019, y contempla tres rutas de atención. Son las siguientes:

• Ruta priorizada: mediante la cual serán atendidas víctimas que por razones de su edad, enfermedad o discapacidad se encuentran en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, en los términos que define el artículo 8 de la Resolución 1049 de 2017 (aplica exclusivamente para personas con edad igual o superior a 74 años, personas con enfermedad catastrófica, ruinosa, de alto costo, huérfana, o discapacidad según lo certifique cualquier entidad del Sistema de Salud).
• Ruta general: a través de la que se atenderán víctimas que no se encuentren con alguna de las situaciones descritas para acceder a la ruta priorizada.
• Ruta transitoria: en la que se atenderán aquellas víctimas que previo al 6 de junio del 2018 adelantaron su proceso de documentación con la Unidad para las Víctimas.

La Unidad iniciará el proceso de respuesta de estas solicitudes e informará si se completa o no la solicitud. En el caso de que la respuesta otorgada le sea favorable, la Unidad procederá a aplicarle el método de priorización.

Esta aclara que dicha herramienta será aplicada cada año, en el primer semestre, a aquellas víctimas que hayan recibido una respuesta de fondo afirmativa sobre el derecho a recibir la medida de indemnización administrativa.

En consecuencia, los turnos para el desembolso de la indemnización administrativa se otorgarán a aquellas víctimas que, de acuerdo a la aplicación del método, obtengan un puntaje por persona más alto, atendiendo siempre a los recursos presupuestales con los que cuente la Unidad para la entrega de dicha medida de reparación, durante la vigencia correspondiente.

De acuerdo con el resultado que arroje el método de priorización, resulta priorizado para recibir, dentro de la correspondiente vigencia fiscal, el desembolso de la medida de indemnización administrativa, la Unidad le informará el respectivo turno de entrega de esta medida.

En caso de no resultar beneficiario de la entrega de la medida indemnizatoria, dentro de la correspondiente vigencia fiscal, la Unidad pondrá a disposición la información que le permita saber a la víctima que el desembolso de la medida no ha sido priorizado para ese año.

Con todo, aclara que los montos y el turno que se le otorgue a la víctima para la entrega de la medida de indemnización administrativa depende de las condiciones particulares de cada víctima, del análisis del caso en concreto y la disponibilidad presupuestal anual con la que cuente la Unidad; de conformidad los principios de gradualidad, progresividad y sostenibilidad fiscal establecidos en la Ley 1448 de 2011.