Preso que extorsionaba a comerciantes en Boyacá desde la cárcel de Cómbita pagará más de dos años de prisión

La extorsión continúa colocándose como uno de los delitos más frecuentados por los criminales que permanecen recluidos en las diferentes cárceles del país. Muestra de ello es uno de los más recientes casos que dio a conocer la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador informó que un hombre que permanecía privado de la libertad en la cárcel de El Barne, en Cómbita (Boyacá) fue condenado a dos años y diez meses de prisión por haber incurrido en el delito de extorsión agravada.

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El dictamen del ente acusador está basado en que las autoridades pudieron determinar que el criminal, identificado como Denys Antonio Mercado Pacheco, llevaba a cabo llamadas desde el centro penitenciario en donde permanecía recluido. Esto, manifestaba el sindicado, con la excusa de requerir un servicio determinado.

La Fiscalía señaló puntualmente un caso que se habría registrado el 2 de junio de 2014. Para esa fecha, Mercado Pacheco habría contratado una compañía de servicios funerarios con sede en Tierralta (Córdoba) para el supuesto traslado de un cuerpo desde la vereda El Salmon en Tuluá (Valle del Cauca).

Una vez estableció el vínculo con la compañía, el criminal se habría hecho pasar como un integrante de un grupo armado ilegal para llamar al representante legal de la funeraria y manifestarle que el conductor de la empresa había sido retenido. El ente acusador pudo conocer que por el supuesto rescate, Mercado Pacheco habría solicitado la suma de seis millones de pesos, dinero que si no accedían a pagar, el empleado sería asesinado.

Cabe resaltar que, según cifras entregadas por la Procuraduría General de la Nación, a mediados de julio de 2023, para aquel entonces se habían registrado 3.130 víctimas de este delito en lo corrido del presente año.

Por tal motivo, el ministerio público solicitó directamente al Ministerio de Justicia, así como al Ministerio TIC y algunas entidades de la fuerza pública, llevar a cabo estrategias que disminuyan los casos relacionados con este delito. Dentro de las peticiones del ente, se busca el reforzamiento de los equipos técnicos y humanos que existen en los centros penitenciarios del país, de tal manera que se establezcan mayores controles.

Precisamente, una de las medidas tiene que ver con que los inhibidores de señales telefónicas en diferentes centros penitenciarios del territorio nacional se encuentran fuera de servicio. Este tipo de hechos, según estableció la Procuraduría General de la Nación, dan pie para que los criminales que permanecen recluidos en las cárceles continúan ejecutando sus acciones delictivas.

A pesar de que el ministerio público reconoció los esfuerzos de la fuerza pública por erradicar este tipo de prácticas. La entidad ahondó en los más recientes hallazgos de las autoridades relacionados con las alternativas que manejan los delincuentes para continuar en la ilegalidad. Dentro de estas está el uso de tarjetas E-sim y de ciertas plataformas financieras digitales.

Cabe resaltar que, en medio de la problemática, el funcionario solicitó a las autoridades llevar a cabo un diagnóstico en cada una de las 126 cárceles en el territorio nacional. Esta medida tiene como objetivo conocer el estado actual de los elementos tecnológicos con los cuales se realizan los controles de ingreso a los penales y, así mismo, se puedan establecer las respectivas necesidades de fortalecimiento.