Se lleva a cabo en Santa Marta (Magdalena) el encuentro Campus FND, organizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) en el que participan los gobernadores salientes y entrantes.
En la segunda jornada de este evento, que se efectuó el miércoles 8 de noviembre, participó el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que aprovechó el encuentro con los gobernantes recién escogidos para lanzarle fuertes pullas al jefe de Estado, debido a lo que considera ha sido una afrenta a la institucionalidad.
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“Es un momento en el cual la institucionalidad tiene que hablar unida. No puede caber la exclusión, sino que tienen que generar un ambiente de unidad para construir un país. No para dividirlo, ni destruirlo, ni para causar derroteros en los cuales Colombia no sale fortalecida, sino debilitada”, expresó Barbosa, con claros señalamientos a Petro.
Y es que, según Barbosa, el último año ha sido complejo en ese sentido, pues siente que la institucionalidad no ha sido defendida desde el Ejecutivo. “Ha sido torpedeada, porque ha existido una corriente para buscar beneficiar mafiosos”, remarcó el titular del ente acusador, con agudos comentarios sobre la política de la paz total de Petro.
“Se han puesto la camiseta de los presos de La Picota y la Modelo”
Acto seguido, Barbosa señaló lo que según él serían intereses de personas cercanas al presidente Petro de buscar beneficios para cuestionados personajes que se encuentran privados de la libertad, lo que hizo recordar los encuentros que sostuvo su hermano, Juan Fernando, con poderosos presos en centros de reclusión en Bogotá.
Reuniones en las que, según denuncias periodísticas y versión del propio implicado en este escándalo, previo a las elecciones presidenciales del 2022, en las que resultó elegido el candidato del Pacto Histórico, se quisieron negociar prebendas a cambio de entregar las armas, con estructuras criminales insertadas en las ciudades, como el Clan del Golfo.
“No se han puesto la camiseta de la institucionalidad, sino de los presos de La Picota y la Modelo. Y en ese sentido, es claro que es fundamental que la institucionalidad colombiana entienda que sobre su defensa y no nuestro ataque es que se puede sostener el Estado”, sostuvo el fiscal General, en lo que sería una clara alusión al jefe de Estado.
En consecuencia, remarcó que su administración suspendió 103 órdenes de captura contra organizaciones, con base en el artículo 189 de la Constitución Política, en el que el presidente está facultado para solicitar tales decisiones, “no porque yo quiera”, recalcó el fiscal.
Pidió hacer un plebiscito para decidir el futuro de la paz total
Asimismo, al rechazo de entrega $1 millón a lo que denominó “verdugos de los derechos humanos”, también propuso que se lleve a cabo un plebiscito ara que los colombianos sean quienes definan el futuro de los procesos de paz que se adelantan con grupos ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc.
“Y ya que está de moda hablar de plebiscitos sobre contratos en ejecución que no proceden, deberíamos más bien hacer un plebiscito en el que los colombianos respondan si quieren procesos de paz con el ELN y con todo tipo de grupos delicuenciales”, agregó el funcionario, que no teme que la propuesta “caiga en oídos sordos”.
Resultados de su gestión en la Fiscalía
En este encuentro, Barbosa también tuvo la oportunidad de entregar un balance de su paso por la Fiscalía. Según los datos expuestos por el titular de la entidad, en materia de homicidios se logró un 46% de esclarecimiento, frente al 27% que se registraba en 2019; al igual que en este mismo ítem, en cuanto a masacres, se creció del 36% al 89%.
A su vez, en cuanto a feminicidios, pasó del 80 al 96% en esclarecimientos de casos, y en violencia sexual del 12 al 50%. A su vez, destacó que ahora el ente acusador tiene presencia en cerca de 750 municipios, cuando antes se superaban solo los 400. Sin embargo, el fiscal General hizo énfasis en los índices en materia de corrupción y de los recursos recuperados.
En su balance, Barbosa habló de 3.606 condenas y un total de 29 billones de pesos entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), además de $1 billón al Fondo de Víctimas en los últimos tres años. Y fue en ese aspecto en el que arremetió contra el Gobierno Petro, por proponer más reformas e impuestos cuando tiene los “bolsillos llenos”.
“De nada sirve hablar de reformas tributarias territoriales, como seguramente les aparecerá el otro año, cuando ni siquiera saben qué hacer con la plata que tienen en el bolsillo”, afirmó el fiscal General, que añadió que el mensaje que mandó el país en las elecciones es que se defienda la institucionalidad desde la periferia al centro.
Por último, reiteró que cree en la idea de la paz, pero no de la “paz criminal” y sacó pecho por los resultados logrados en procesos de ejecuciones extrajudiciales, con 106 casos, frente a la nula acción —según él— de sus predecesores.
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