Delincuentes liberados en Bogotá aplaudieron a su abogado, que criticó a la Fiscalía: “A los defensores nos toca hacer esas cosas”

Veinticuatro presuntos integrantes de las temidas bandas delincuenciales ‘Lanister y Aquila’ fueron dejados en libertad por vencimiento de términos. Entre los cargos que se le imputan a los señalados aparece: homicidios, extorsiones y ventas ilegales de tierras

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Por vencimiento de términos y
Por vencimiento de términos y luego de 8 meses de investigaciones una juez decidió dejar en libertad a 24 delincuentes en Bogotá - crédito Consejo Seccional de la Judicatura Bogota/Sitio web

Indignación ha generado la escena en la que un grupo de investigados celebra la decisión de una juez de dejarlos en libertad por vencimiento de términos. Los protagonistas de la particular escena son 24 presuntos delincuentes que integrarían las bandas delincuenciales Lanister y Aquila, que se dedican al sicariato, extorsión, venta de estupefacientes y otros delitos en la capital de Colombia.

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El jurista que representaba a uno de los investigados, y que ante las acusaciones se ha convertido en una figura controvertida, es Armando Camacho Cortés. Este abogado, litigante experto en derecho penal, ha hablado con diversos medios de comunicación, enfatizando su compromiso con la defensa de los derechos y argumentando que los acontecimientos se deben a una serie de errores por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Mientras algunas personas lo consideran un héroe, otras lo cuestionan y critican en las redes sociales.

Los "vencimientos de términos" en
Los "vencimientos de términos" en el ámbito judicial se refieren a los plazos o lapsos establecidos por la ley o el sistema judicial para que se cumplan ciertos actos o procesos dentro de un caso legal - créditos Colprensa

El abogado señaló en la emisora Blu Radio que su profesión es completamente normal, respondiendo a los reproches que lo han tildado de defender criminales y delincuentes. Camacho fue enfático en señalar que él solamente estaba defendiendo a uno de los once investigados que terminó en libertad.

“A mí me llamaron para hacer la defensa de una de las personas que estaba ahí (...) Esa decisión se celebra porque la Constitución Nacional, el Código de Procedimiento Penal, ley 900 de 2004 da esas garantías, de que, sea quien sea, debe tener un defensor de confianza o uno público, eso es algo normal. A los defensores nos toca hacer esas cosas. Simplemente cumplimos una función legal constitucional”.

De acuerdo con un comunicado emitido por el ente acusador la falta de jueces de control de garantías disponibles debido a sus capacitaciones electorales retrasó los procedimientos relacionados con la “legalización de allanamientos, incautaciones y capturas”, lo que resultó en la demora en dos ocasiones de los plazos de 36 horas establecidos por la ley.

Precisamente el abogado Camacho señaló en el periódico El Tiempo que la decisión de la jueza fue producto de una serie de errores que cometieron en la Fiscalía General.

“Qué ocurrió ese día, que obviamente la Fiscalía cometió varios errores. Uno, que las mismas personas empezaron a decir que iban a nombrar abogados de confianza y la fiscal se confió. Y en vez de nombrarles abogados de oficio y que luego se presentaran los de confianza, perdió mucho tiempo ahí y se confió. Como ellos son mañosos, porque yo aquí no defiendo ángeles ni estoy haciendo una apología del delito, pues eso pasó”.

Camacho argumentó que la primera decisión de la jueza debió haber sido legalizar las capturas y luego los respectivos allanamientos:

“Enredó los allanamientos con las capturas y tenía que hacer audiencia por audiencia porque son unas audiencias seguidas. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de los vencimientos de términos, porque había conmigo siete defensores, y claro, entonces la gente me felicita y otros me están criticando”, comentó el jurista en El Tiempo.

Para finalizar el abogado que ha despertado opiniones dividas afirmó que la decisión de la jueza no implica que se archive el proceso judicial entre los señalados criminales.

De acuerdo con la investigación policial que duró ocho meses en contra de los integrantes de Lanister y Aquila, ambas bandas eran responsables de sembrar el terror entre comerciantes, transportistas y residentes en el sur de Bogotá. Operaban ilegalmente y afectaban la paz y seguridad de la población, imponiendo elevadas extorsiones. tan solo Lanister tenía ganancias mensuales de más de 100 millones de pesos.

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