En la Comisión Primera del Senado de la República se discutió el proyecto que busca poner sobre la mesa cambios en el sistema de salud colombiano diferentes a los planteados por el Gobierno nacional. La iniciativa fue presentada por senadores del Centro Democrático y de Cambio Radical. Hoy también se tenía planeado llevar a cabo el segundo debate de la reforma a la salud del gobierno en la Cámara de Representantes, pero quedó aplazado para el martes 14 de noviembre.
El proyecto de la oposición se define así: “Por medio del cual se dictan disposiciones orientadas a ajustar y a fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizar a toda la población el derecho fundamental a la salud consagrado en la Ley 1751 de 2015, mejorar los resultados en salud, aumentar la satisfacción del usuario y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, acumulado con el proyecto de ley estatutaria 86 de 2023″.
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Según la senadora Paloma Valencia, uno de los puntos clave de esta iniciativa es impedir que las EPS sean intermediarias en los pagos a las IPS y proveedores únicamente cuando estén incumpliendo con los tiempos y montos de pago. Esto difiere con la propuesta del Gobierno nacional, en la que se contemplan transferencias directas de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a las IPS, sin que en ese proceso administrativo se involucren las EPS, bajo ninguna circunstancia.
“Este proyecto busca fortalecer el sistema de aseguramiento de riesgo en salud. También establece todo un modelo de atención primaria en salud donde se tiene establecido profundizar la especialidad del médico familiar. En la iniciativa se propone la prohibición expresa de tercerización laboral en todo el talento humano en salud, para tener garantías laborales (sic). Además, cambia la elección de los gerentes, se haría mediante concurso público que adelantará la Comisión Nacional de Servicio Civil”, explicó en una sesión del Senado el congresista del Centro Democrático Carlos Fernando Motoa.
Ahora bien, de acuerdo con el senador y analista político Ariel Ávila, esta iniciativa es peligrosa porque regresa al Plan Básico de Salud mediante un listado de los servicios que se cubren y aquellos que quedan excluidos. Aseguró que “pareciera” que crea nuevamente el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) para financiar los servicios que quedan por fuera; el politólogo explicó que este fondo funcionó como un “antro de corrupción”.
Adicionalmente, dijo que el proyecto promovido por la oposición propone también servicios complementarios y, además, contempla la digitalización de la historia clínica de los pacientes sin tener en cuenta que hay zonas del país en las que el acceso a internet es precario o nulo. “Metieron lo que yo llamo una contrarreforma a la salud, es decir, una cosa que profundiza la actual crisis y no soluciona nada”, aseguró.
Por su parte, en la discusión que se adelantó en la Comisión Primera del Senado, el congresista del Partido Comunes Julián Gallo afirmó que esta iniciativa es un “intento de atravezarse” a la reforma a la salud del Gobierno nacional y que, además, le da prioridad a los negocios y no a la salud de los usuarios.
La senadora Paloma Valencia, en su intervención, indicó que con el proyecto se busca evitar que el sistema de salud pase a ser público por completo. “Uno no puede pensar que un sistema absolutamente público soluciona los problemas que tiene hoy el sistema de salud simplemente porque a uno le parece. La realidad de lo público en la salud ha sido pavorosa en el país; ha sido mucho peor que lo privado”, sostuvo.