La legalidad de la campaña del alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, está siendo cuestionada por el presunto ingreso de dineros del narcotráfico. Una investigación periodística de Vorágine vincularía al político y a otros de Antioquia con la empresa bananera Banacol, señalada de transportar cargamentos de cocaína hacia Europa.
De acuerdo con las indagaciones llevadas a cabo por Vorágine, con apoyo de Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occpr), los estupefacientes pertenecerían al cartel italiano Ndrangheta. Estos habrían sido escondidos entre cargamentos de banano para llevarlos a su destino.
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“No hay pruebas de que Banacol tuviera conocimiento de la cocaína oculta en los cargamentos de sus plátanos, sin embargo, una fuente policial europea (sic) opina que se debería investigar a fondo si hay algún tipo de complicidad de la empresa”, detalló Vorágine.
Ahora bien, al parecer, Banacol es controlada por la compañía AgroGreenland, que pertenece a Greenlad Investments S.A.S., que figura como aportante económico en varias campañas políticas colombianas. Una de ellas es la del alcalde electo, Federico Gutiérrez. La empresa habría donado 30 millones de pesos para la contienda electoral regional del domingo 29 de octubre 2023, en la que fue elegido para dirigir la capital antioqueña entre 2024 y 2027.
Por estos hechos, el excandidato Juan Carlos Upegui, que recientemente aceptó su curul en el Concejo de Medellín para hacer oposición a Gutiérrez, anunció que solicitará a la Fiscalía General de la Nación investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de quien fue su contendiente en la jornada electoral.
Compartiendo en X (antes Twitter) una noticia referente a la investigación del medio periodístico, añadió lo siguiente: “Lo advertimos de todas las formas posibles, no fue suficiente. Volvieron las mafias y el narcotráfico a Medellín”.
Greenland también aportó dinero para la consulta presidencial de Gutiérrez en 2022: fueron 75 millones de pesos para una consulta en la que el alcalde electo de Medellín terminó venciendo a Alejandro Char, actual alcalde electo de Barranquilla, y David Barguil, exsenador de la República.
La diputada del Centro Democrático, Verónica Arango García, también recibió apoyo económico en su campaña por parte de la empresa: 25 millones de pesos para ayudarla en las elecciones regionales de este año. Otras donaciones fueron identificadas en las campañas para el Congreso de la República de 2022 de Paola Holguín, Hernán Darío Cadavid, José Octavio Cardona y Mario Castaño; los dos primeros, uribistas; los dos últimos, liberales.
Los vínculos con el paramilitarismo
De acuerdo con la investigación, un hermano del entonces comandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza contrajo matrimonio con una hermana de Víctor Manuel Henríquez Velásquez, que integró la directiva de Banacol entre 1995 y 2000, incluso, llegó a ser presidente de la compañía. Al parecer, empresarios bananeros llegaron a financiar a los paramilitares, que también tuvieron relación con el cartel italiano Ndrangheta.
En 2018, 14 empresarios fueron acusados de incurrir en los delitos de concierto para delinquir y financiación de grupos paramilitares. Entre ellos estaban Víctor Manuel Henríquez Velásquez, Jorge Alberto Cadavid Marín y Javier Ochoa Velásquez, exdirectivos de Banacol. Todo el entramado delincuencial incluyó también otros crímenes como homicidios, masacres, torturas y desapariciones.
“Los bananeros son tan o más responsables que nosotros en todo lo que pasó en el Urabá. Porque fuimos de finca en finca prohibiéndoles a los trabajadores hacer paros armados. Uno iba uniformado y con un cuchillo en la mano, diciéndoles que el que hiciera paro lo matábamos, ¿por qué?, por buscar los beneficios de los empresarios bananeros. Ellos fueron los que se beneficiaron de la guerra. Ellos ninguno está pagando, ninguno está detenido, ninguno está investigado, ninguno ha puesto un peso para la reparación y ellos fueron los que realmente se beneficiaron”, explicó el excomandante paramilitar Ever Veloza ante la Fiscalía en 2007.
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