Mientras en la capital de la República sigue la indignación por la decisión de dejar en libertad a 24 señalados criminales de dos bandas que delinquían en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, hecho que criticaron fuertemente la alcaldesa, Claudia López, y hasta el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, la Fiscalía General de la Nación señaló que el vencimiento de términos por el que estas personas podrían retornar a las calles se dio por la ausencia de operadores judiciales que legalizarán sus capturas.
“En los dos casos se vencieron los términos de 36 horas. Al respecto, desde la judicatura se señaló que no había asignación de jueces con función de control de garantías por encontrarse en capacitaciones por la jomada electoral. Esto retrasó las diligencias relacionadas con la legalización de allanamientos, incautaciones y capturas”, explicaron en un comunicado que publicaron en su cuenta oficial de la red social X en la noche del lunes 6 de noviembre.
Agregaron que ante esta situación, que pone de nuevo en riesgo a la ciudadanía y a las víctimas de esas estructuras, se interpusieron los respectivos recursos, por lo que todavía está pendiente la decisión final.
“La Fiscalía apeló la libertad concedida a los procesados, por considerar que el vencimiento de términos correspondió a asuntos ajenos al proceder del ente acusador (...) Se está a la espera de la decisión en segunda instancia por parte de los jueces”, puntualizaron.
Ese organismo también solicitó más tiempo para las diligencias judiciales porque eran bastantes personas y cada caso requería de un análisis exhaustivo por los delitos de los que se les responsabiliza, los cuales van desde el tráfico de estupefacientes hasta el homicidio.
“De la misma manera, el ente investigador argumentó que en ambos casos debió contarse con unos plazos razonables debido al número de capturados, a la complejidad de cada uno y a la situación excepcional que enfrentaba la Judicatura de cara al proceso electoral”, detallaron.
Recordaron que las capturas se llevaron a cabo en operativos que realizaron el 19 y el 23 de octubre contra las bandas que se denominaron como Lanister y Aquila.
“Los primeros están siendo investigados como posibles responsables de delitos como: extorsión agravada. Los segundos por homicidio, porte y tráfico de estupefacientes y porte legal de armas”, indicaron.
Meses de investigaciones al traste
El sábado, la saliente alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó su indignación por la decisión de que se les otorgue la libertad a los señalados criminales en su cuenta oficial de X y se fueran al traste las investigaciones que durante meses que llevaron a cabo las autoridades en la ciudad para la lograr sus capturas, y en las que hasta se invirtieron recursos para detener en Cartagena a una mujer del mencionado grupo.
“Que porque estaban muy ocupados y no había turno, jueces dejaron en libertad a 24 criminales de 2 peligrosas bandas de Ciudad Bolívar y Kennedy. Obvio, se fueron riéndose. Un año de trabajo y la confianza ciudadana una vez más defraudada por la impunidad (sic)”, trinó.
Sin embargo, cinco días antes de esta controversia el mismo subsecretario de Seguridad del Distrito, Andrés Nieto, advirtió de la salida a las calles de estas personas.
“Esto es indignante. No sólo es darles vía libre para seguir delinquiendo, sino dejar en riego a las personas que confiaron en la justicia y denunciaron. 8 de cada 10 capturados en este país quedan libres. El debate de la reforma a la justicia a nivel nacional es urgente (sic)”, afirmó en la misma red social.
De hecho en el reporte de Citynoticias, el primer medio de comunicación que reportó lo ocurrido, el funcionario reiteró que la crisis en la Justicia es un problema que está afectando a todo el territorio colombiano y se da un grave mensaje de impunidad.
“Urge un debate nacional de Justicia porque no aguanta más así. Los jueces y los fiscales también están haciendo su trabajo, el problema es que están sobrecargados. Perfectamente, lo que hacen siete fiscales en Argentina, le toca a uno solo en Colombia, pero adicional la sobrecarga y esa forma arcaica de llevar los diferentes procesos hace que todo el trabajo de las autoridades tanto en investigación como en capturas no se pierda, sino que los delincuentes van a pensar que los delincuentes pueden hacer lo que quiera”, afirmó.
Incluso el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue crítico de esa decisión que insistió en que era una bofetada al trabajo y sacrificio de los miembros de la Fuerza Pública.
“Otro esfuerzo perdido de la @PoliciaColombia? La seguridad y el combate a la delincuencia no es solo responsabilidad de la Fuerza Pública (sic)”, dijo en X.