Federico Gutiérrez insistió en que pedirá un auditoría forense a la Alcaldía de Daniel Quintero en Medellín: de qué se trata y qué tan viable es hacerla

Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, llegó a ese cargo con 689.519 votos, en las elecciones del 29 de octubre. Una de sus promesas bandera fue adelantar una auditoría forense durante el empalme con la saliente administración, antes a la cabeza de Daniel Quintero Calle.

“Yo tengo la responsabilidad de decirle a la ciudadanía y al país cómo recibimos la Alcaldía. Hay graves denuncias de corrupción sobre quienes mal gobernaron a Medellín. Esa información tiene que ir a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría”, puntualizó Gutiérrez.

En diferentes medios de comunicación, ‘Fico’ reiteró su propuesta y aseguró que elegirá a personas especializadas en investigación y contratación pública con el fin de que estos reciban la información del empalme y la pongan a disposición de los organismos de control. De hecho, se ha mostrado tan comprometido con esa promesa que, durante su discurso de victoria, aseguró que la auditoría no se trata de una venganza personal sino que es para que los ciudadanos tengan las cuentas claras y se conozca a ciencia cierta qué pasó con los recursos de la ciudad en los últimos cuatro años.

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Poco más de una semana después de las elecciones, el alcalde electo todavía no confirma los nombres de las 15 personas que serán los líderes de su equipo de empalme, proceso que según la ley está reglamentado por tres fases. Lo único que sí confirmó es que el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo y el médico Andrés Aguirre harán parte del equipo.

No obstante, diferentes expertos se expresan inquietudes frente a la realización de tal auditoría forense antes de que ‘Fico’ Gutiérrez llegue oficialmente al piso 12 de la Alpujarra. Según el abogado y experto en derecho administrativo David Suárez, “‘Fico’ no sabía lo que estaba diciendo. Es más una cosa figurativa, de impacto, de generar expectativa; la generó cuando era candidato, ahora electo veo que está dorando la píldora. Era más un anunció, una alarma”.

Lo anterior, entendiendo que la Alcaldía de Medellín tiene 23 secretarías, dos departamentos administrativos, seis gerencias, una unidad administrativa especial, 14 entes descentralizados adscritos, nueve entes descentralizados vinculados, entre ellos EPM y 13 entes descentralizados indirectos, por lo que realizar una auditoría forense a todo el conglomerado público es, cuanto menos, una labor titánica en menos de dos meses.

“Pienso que es más para la galería y para el aplauso, que no me parece que esté mal, no está diciendo ninguna mentira, pero lo que creo es que no será así lo que va a pasar la semana entrante”, puntualizó Andrés Úsuga, abogado experto en administración pública.

Una auditoría forense es adelantada por un equipo especializado y multidisciplinario de abogados, contadores, financieros e ingenieros que se encargan de rastrear minuciosamente y con una metodología estricta, la gestión de los recursos en una determinada entidad.

En la mayoría de los casos, el proceso lo realiza la Fiscalía General de la Nación o la Contraloría, sea de Medellín o de la República, en el marco de una investigación en un caso concreto. También la pueden ejecutar firmas especializadas, bajo pedido y por una alta suma de dinero.

Los expertos se encargan de revisar toda la información en computadores y equipos de almacenamiento para tratar de encontrar costos ocultos y otro tipo de irregularidades financieras en cuentas de bancos, facturas, recibos y documentación.

Justo por eso, es que uno de los principales cuestionamientos de los expertos a la propuesta de auditoría es el costo que tendría y su fuente de financiación. “Eso no lo van a hacer. ¿Quién lo va a pagar? ¿La campaña de Federico? ¿A cargo de qué?, porque la campaña ya acabó”, señaló Úsuga.

Así como Úsuga, el abogado Suárez indicó que la nueva administración tendría que esperar hasta enero del próximo año para disponer de los recursos públicos de la Alcaldía de Medellín y así contratar a través de una licitación, a una firma que se encargue de realizar la auditoría.

Según la ley de 2005, los servidores públicos que se apartan de sus cargos deben elaborar y entregar un informe de gestión a sus sucesores al finalizar el mandato. Allí deben rendir cuentas de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados. Úsuga explica que en muchos casos son informes de gestión “básicos que no van al detalle ni a la minucia” y que dependen de “la subjetividad de quien esté entregando y quien está recibiendo”. De ahí que, cuando hay administraciones contrarias, “se pueden presentar choques o ensanchamientos malucos”.

Por otro lado, se debe tener presente que quienes reciben la información son personas naturales que para el momento del empalme no ejercen ningún cargo oficial y que quienes actualmente ocupan los puestos continuarán siendo los ordenadores del gasto públicos hasta el 31 de diciembre.

El cambio en el panorama es que por primera vez en Medellín quien recibe es la misma administración que entregó cuatro años atrás. De esta manera, Gutiérrez y su equipo podrán comparar la ejecución de programas y proyectos en los últimos años. “La auditoría se reduciría simplemente a confrontar lo que se gastó, lo que se debía gastar y lo que se adeuda de acuerdo a la línea del Plan de Desarrollo, y a que los contratos estén bien hechos, bien ejecutados y bien pagados”, afirmó Úsuga.