Siguen polémicas por el traspaso del poder a Federico Gutiérrez en Medellín: aseguran que funcionarios de la administración Quintero se quieren atornillar en sus cargos

Medellín está a dos meses de cambiar de administración, y en medio de ese proceso se conoció que al menos treinta trabajadores de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) estarían moviendo sus cartas para quedarse protegidos en sus cargos luego del fin de la administración Quintero.

Lo anterior quedó expuesto en una carta que fue enviada al gerente de esa entidad, Edwin Muñoz Aristizábal, el lunes 30 de octubre de 2023. En la misiva, los trabajadores le pidieron cambiar las condiciones de sus contratos de trabajo antes de que termine esta administración.

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La carta no solo causó controversia por haberse escrito a pocos días del comienzo del empalme, sino porque revive los múltiples cuestionamientos que han caído sobre el ESU por presuntos manejos que responden a criterios más políticos que técnicos.

De hecho, la discusión ha sido tan cuestionada que ven con recelo ese posible cambio y no descartan pedir que se liquide la entidad, para evitar que se convierta en un fortín político.

La polémica solicitud está contenida en una carta de cuatro páginas que aparece firmada por empleados de la ESU. Allí le piden al gerente Muñoz eliminar una condición que se ha vuelto norma en sus contratos laborales durante años, se trata del plazo presuntivo. Esta figura hace que los trabajadores oficiales que están vinculados a la ESU tengan una ventana de seis meses que se abre y se cierra periódicamente para que su contratación se mantenga o se disuelva.

Ahora bien, muchos de los trabajadores de esa dependencia están vinculados a término indefinido, pero en las cláusulas de sus contratos se reseña que dentro de las causas justas para darlos por terminados está el Decreto 1083 de 2015, que establece las condiciones de dicho plazo presuntivo. “El contrato celebrado por término indefinido o sin fijación de término alguno, salvo estipulación en contrario, se entenderá prorrogado en las mismas condiciones por periodos iguales, es decir, de seis meses en seis meses”, dice puntualmente la norma, que establece que al expirar ese plazo los contratos pueden disolverse por justa causa.

En concreto los firmantes le piden a Muñoz que dé su visto bueno para que en las semanas que le quedan a este gobierno todos puedan firmar un otrosí en el que ese plazo presuntivo sea removido. “Esta petición es dirigida a usted señor gerente por ser la persona competente para realizar cualquier modificación en los contratos laborales de los trabajadores oficiales de la entidad”, dice la carta.

La particular solicitud ha despertado desconfianza porque va en contravía del manejo que ha tenido la última administración que se le ha dado a la ESU, pues la figura de plazo presuntivo fue usada para sacar a funcionarios con más de 15 años de experiencia en una purga ocurrida en el último cuatrienio.

Luego de darse a conocer la controversia, uno de los críticos, el exsecretario de Seguridad de Medellín y concejal electo, Andrés Tobón Villada insiste en que los otrosís tienen motivaciones políticas, por eso acusa a varios políticos cercanos al exalcalde Daniel Quintero de estar detrás de esos movimientos.

Ante la controversia, Federico Gutiérrez, alcalde electo, publicó un comunicado en el que solicitó al gobierno saliente a no tocar las plantas de la Alcaldía. “Le solicitó al Alcalde (encargado) suspender toda modificación de planta de personal en todas las entidades del conglomerado. No les bastó con el daño que ya le hicieron a la ciudad y ahora quieren rematar con los menos de 2 meses que les quedan. Medellín se pronunció en las elecciones. Paren ya”.