Formulan cargos al gobernador de Caquetá por irregularidades en proyecto de regalías de $14.000 millones

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha estado inspeccionando un contrato celebrado por la Gobernación de Caquetá con el que se buscaba construir un muro para mitigar los impactos que generó en 2021 el desbordamiento de la quebrada La Perdiz, debido a las fuertes lluvias que en esa época se registraron en el territorio y que causaron graves inundaciones.

El Ministerio Público identificó presuntas irregularidades en el contrato que, al parecer, fueron obviadas por el gobernador Arnulfo Gasca Trujillo y por el secretario de Infraestructura, Jairo Alberto Gómez Roa. Por eso, decidió formular pliego de cargos en su contra. El proyecto contó con una financiación de 14.133 millones de pesos correspondientes al Sistema General de Regalías.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

La PGN halló falencias desde el principio, es decir, desde la etapa precontractual, en la que se allegaron los diseños correspondientes a las obras que se adelantarían. De acuerdo con el Ministerio Público, estos documentos no contemplaron todos lo necesario para que fueran aprobados, por ejemplo, se dejó de lado el tipo de suelo sobre el que se adelantarían las construcciones. No obstante, los diseños fueron admitidos.

Estas fallas generaron problemas posteriores en el proceso de ejecución, por lo que fue necesario el uso de más tiempo y la modificación del presupuesto. Todo esto, en medio de la emergencia invernal que debía ser atendida con urgencia para prevenir afectaciones posteriores. Sin embargo, el contratista entregó la obra incompleta; solo construyó una parte del muro, a pesar de que contó con más tiempo y con un cambio en el presupuesto.

No obstante, la Gobernación aceptó la entrega de la obra en esas condiciones. “Los metros restantes se completaron con una estructura de tierra apisonada, conocida como jarillón, que no ofrece la solidez necesaria para contener las aguas en caso de una nueva creciente. Esto encendió las alarmas de la Procuraduría para iniciar acciones disciplinarias contra los presuntos responsables”, añadió el Ministerio Público en un comunicado.

Por eso, el organismo de control y vigilancia formuló cargos a ambos funcionarios al considerar que no cumplieron con su deber de revisar si el proyecto de inversión cumplía con todos los requisitos técnicos obligatorios. Así, a juicio de la Procuraduría, no vigilaron de manera adecuada la ejecución de las obras, que finalmente fueron entregadas incompletas, y tampoco respondieron a los principios de eficacia, economía y celeridad de la función administrativa.

Las faltas fueron calificadas provisionalmente por la PGN como graves a título de culpa grave para el gobernador Arnulfo Gasca Trujillo y como grave a título de dolo para el secretario Jairo Alberto Gómez Roa.

Ocho funcionarios de la Alcaldía de Alvarado (Tolima) fueron destituidos e inhabilitados por la celebración irregular de diversos contratos. Uno de ellos es el exalcalde Yesid Fernando Torres Ramos (2012-2015), que suscribió 11 contratos ficticios, por lo que fue sancionado por 15 años y un mes. El exalcalde (e), Álvaro Palma Orjuela (2010-2015), también fue inhabilitado y destituido por 12 años y 6 meses por la firma irregular de un negocio jurídico.

Otros 12 años y 6 meses de sanción fueron adjudicados al secretario de Hacienda, Pablo Emilio López Trujillo (2004-2014); los jefes de Planeación, Carlos Fernando Cortés Ayala (2014-2015), y de la Oficina de Servicios Públicos, Luis Enrique Corral Guzmán (2013-2015); y la secretaria de Despacho, Dadiana Andrea Peña Hernández (2014-2015). Por su parte, el almacenista, Víctor Alfonso Gómez Lozano (2012-2015); y la técnica operativa, Magaly Acosta Romero (2014-2015) fueron sancionados con 10 años de destitución e inhabilidad.

En general, estos funcionarios serían responsables por la celebración irregular de contratos para mejoramiento de viviendas, mantenimiento de la malla vial y obras civiles. “Los ocho disciplinados fueron sancionados por la comisión de una falta gravísima cometida a título de dolo”, informó la PGN en un comunicado.