El sistema de salud en Colombia está pasando por una de sus mayores crisis, tras el anuncio de la farmacéutica Cruz Verde de suspender la entrega de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) a los usuarios de la EPS Sanitas.
Ante esta compleja situación, el exministro de Justicia Wilson Ruiz radicó un derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación con el fin de solicitar información relacionada con la importación y suministro de medicamentos a las EPS.
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“ATENCIÓN radicamos el derecho de petición a la procuraduría para solicitar información sobre acciones judiciales iniciadas por una entidad no especificada contra funcionarios del Gobierno Nacional relacionadas con la importación y suministro de medicamentos a EPS”, escribió Ruiz en su cuenta de X (antes Twitter).
Además, en la publicación señaló que requiere conocer, “sobre la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres) y posibles desvíos de pagos destinados a EPS para otros fines que no estén relacionados con la salud de los ciudadanos”.
Insinuó que, con esta acción, defenderá el derecho a la salud sobre la crisis de los medicamentos que está atravesando el país: “Empezamos la defensa a la salud de todos los colombianos”.
El miércoles 1 de noviembre de 2023, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) anunció que realizó un giro por más de $166.000 millones a las EPS del país correspondiente a octubre, en respuesta al aviso de suspensión de suministro de medicamentos en Cruz Verde a la EPS Sanitas.
“En total, entre septiembre y octubre, se giraron un billón de pesos por este concepto, de modo que quede claro que no se adeuda ni un solo peso de los presupuestos máximos del año 2023 y la EPS tienen todo el recurso anticipado para pagar los servicios que están fuera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, indicó el director Félix León en un video publicado en la cuenta oficial de la Adres en X (antes Twitter).
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo se pronunció e instó a la EPS Sanitas a no permitir que se ahonde aún más la crisis de la salud y a garantizar ese derecho fundamental.
De acuerdo con la entidad defensora de los derechos humanos, la suspensión en el suministro de medicamentos y dispositivos, prevista para el 15 de noviembre de 2023, afectaría inicialmente a más de 102.000 afiliados a la EPS, razón por la cual hizo un llamado a que todos los involucrados presenten un plan que genere claridad en la deuda y alternativas de pago.
Además, la entidad defensora de los derechos humanos solicitó al Gobierno nacional verificar el pago de los presupuestos máximos con los que se financian los tratamientos de las personas más vulnerables, como son los pacientes de enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.
De igual manera, ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud y a todas las autoridades del sector a estar alerta y disponibles 24 horas de los 7 días de la semana para evitar posibles vulneraciones al derecho esencial a la salud de los afiliados a la EPS Sanitas.
Adicionalmente, llamó a los ministerios de Hacienda y Salud a que, “adopten las medidas necesarias y permitan la entrega y flujo de los recursos requeridos por las distintas aseguradoras para cumplir con el cubrimiento de los medicamentos e insumos que son entregados, en especial, los que no están financiados con la Unidad de Pago por Capitación, como es el caso que se está presentando”.
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