En un lamentable incidente que tuvo lugar en la vereda El Diamante, ubicada en la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, un menor de edad y su padre resultaron gravemente heridos por el estallido de un artefacto explosivo que se encontraba oculto entre la maleza.
Según las primeras informaciones el niño sufrió las peores consecuencias: “El personal médico hizo lo posible para el rescate, pero el menor perdió parte de una de sus piernas”, explicaron las autoridades a Caracol Radio.
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La inspectora de la localidad le comunicó a medios locales de la región que el menor y su padre se encontraban realizando labores agrícolas en la zona cuando, de manera accidental, el artefacto fue activado y provocó una explosión que los dejó a ambos heridos
Tan pronto sucedió el hecho, los dos heridos fueron remitidos al Hospital María Inmaculada, ubicado en la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, donde recibieron atención médica.
La inspectora de la localidad de Putumayo se pronunció sobre el incidente y dijo que las dos personas estaban caminando cerca de la escuela de la zona, sin sospechar la presencia del artefacto explosivo, cuando ocurrió el incidente.
En Colombia, el 80% de las personas que pisan una de estas minas resultan heridas y una de cada cinco muere por esta causa. Las consecuencias más usuales son la pérdida de la movilidad y las limitaciones físicas a causa de perder una extremidad.
Las víctimas de minas antipersona siguen siendo un saldo del conflicto armado en Colombia
Si bien cada vez son menos las personas afectadas por este tipo de artefactos explosivos, el país sigue siendo testigo de esta práctica de guerra que se hizo común durante el conflicto armado con la extinta guerrilla de las Farc.
Según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 2006 fueron 1.224 personas que salieron heridas por pisar una mina antipersona, el año con mayores víctimas por esta causa. Mientras que para 2017, un año después del acuerdo de paz, se registró un total de 59 víctimas, el de menor registro.
No obstante, a partir de 2018 el conteo por año no se mantuvo a la baja. Por el contrario, eran cada vez más las personas lastimadas por estos artefactos explosivos.
Un hecho hace más grave esta situación: cada vez son más civiles los afectados por las MAP (minas anti personas). En el 2022, se reportaron 139 víctimas, de las cuales la mayoría (90) fueron civiles y para finales del mes de septiembre la cuenta del 2023 iba en 80 personas lastimadas por MAP, 47 de ellos civiles.
Aunque del total de personas lastimadas por MAP (más de 12.000) en Colombia, cerca del 60% corresponde a miembros de la Fuerza Pública, un grupo importante son civiles: se trata de dos de cada cinco afectados.
De acuerdo con estadísticas de Asistencia Integral a las Víctimas de MAP, entre 1990 y septiembre de 2023, “los cinco departamentos con mayor número de víctimas han sido Antioquia (2.658), Meta (1.152), Nariño (1.121), Norte de Santander (970) y Caquetá (948)”.
Las acciones para desminar los territorios rurales
Aunque desde 2017 llegaron al país recursos internacionales para fortalecer la Brigada de Desminado, coordinada por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional, tuvieron que pasar tres años para que finalmente se pusieran en práctica mejoras para este grupo de las Fuerzas Militares que tiene como responsabilidad eliminar los peligros de artefactos explosivos, incluidos estudios técnicos, mapeo, limpieza, marcado, enlace comunitario de acción contra las minas y la entrega de tierras despejadas.
El Brigadier General Luis Emilio Cardozo Santamaría mencionó en su momento que con estos recursos sería posible llegar a los 202 municipios en los que se requiere con más urgencia la Brigada de Desminado: “El ejército agrupó 5.000 hombres para la activación de esta brigada, luego correspondía dotarlos y darles toda la capacidad para que se movieran en el los terrenos, y la cooperación internacional nos ha permitido cumplir con ese propósito”, expresó.
A pesar de que el compromiso internacional que había establecido Colombia era lograr desminar por completo el territorio nacional en 2021, esta todavía sigue siendo una tarea pendiente con los colombianos y, principalmente con las comunidades rurales que son las más afectadas por este hecho.