“La capacidad de la fuerza pública y los avances en la paz garantizaron en el territorio nacional elecciones tranquilas”, aseguró el presidente Gustavo Petro en X (antes Twitter), casi 30 minutos después de que se cerraran las urnas de votación el domingo 29 de octubre, cuando se llevaron a cabo las elecciones regionales.
Sin embargo, su postura ha sido cuestionada teniendo en cuenta que en varios puntos del país se presentaron actos violentos, destrucción de material electoral e, incluso, el asesinato de una funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un día antes de la jornada electoral.
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A esta posición se ha unido la Procuraduría General de la Nación (PGN), que solicitó “mantener activas las capacidades” de la institucionalidad, debido a que existen riesgos latentes que podrían generar alteraciones de orden público en diferentes zonas del país, como consecuencia de los resultados de las elecciones regionales. Esto teniendo en cuenta que, además, en algunos puntos hay escrutinios que permanecen activos.
“De acuerdo con los reportes de los funcionarios en territorio, en Aipe, Huila, se presentó la presencia de encapuchados, por lo que se solicitó el traslado de la comisión escrutadora. También hay casos como los de Manaure y Fonseca, en La Guajira; La Cruz, en Nariño, y Gachantivá, en Boyacá, lugares en donde asonadas han afectado el proceso poselectoral de escrutinio”, explicó la PGN en un comunicado.
Los municipios en riesgo
El Ministerio Público alertó este 31 de octubre por el alto riesgo de que tienen “tensión, aglomeraciones y fricciones en la etapa del escrutinio” en determinados departamentos y municipios. Según lo identificado en su labor preventiva, determinó que en Sucre, los municipios de Morroa, Corozal, La unión y San Onofre están en alto riesgo; en Antioquia, son La Estrella, Sonsón, Hispania, Sabanalarga, Murindó; en Boyacá, son Tota, Monguí, Duitama, La Victoria, San Luis Gaceno y Chivor; en Cundinamarca, son Facatativá, Flandes, Ubaté y Junín; en Cauca, son Villa Rica, Balboa, Almaguer y Argelia. A estos territorios se suman las ciudades de Santa Marta y Arauca.
En ese sentido, la PGN solicitó que se mantengan activas las capacidades institucionales con el fin de seguir atendiendo denuncias referentes a los resultados de las elecciones. Asimismo, pidió que persistan los Puestos de Mando Unificado que fueron instalados de cara a los comicios para que, desde las gobernaciones, se pueda responder a las alertas que surjan.
“La Procuraduría reiteró el llamado para que las expresiones ciudadanas que provengan del legítimo derecho de control postelectoral, se hagan de manera pacífica, especialmente, en los puntos de escrutinio que aún están activos”, sostuvo el Ministerio Público.
Adicionalmente, envió un mensaje a los líderes políticos de los territorios, para que ejerzan su deber de “orientar de manera acertada” los procesos de conteo de votos faltantes, para que, de esta manera, se brinden garantías democráticas a los electores y candidatos. También solicitó a las autoridades continuar custodiando el material electoral.
De hecho, según informó El Heraldo, en La Guajira, donde se adelanta un reconteo de votos, se activó un PMU integrado por la Gobernación, alcaldes locales, Policía Nacional, Ejército Nacional, Registraduría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, con el fin de garantizar que este proceso se lleve a cabo de manera transparente y sin más inconvenientes de orden público.
Según el medio citado, en Fonseca y Manaure se han registrado alteraciones al orden público a las afueras del punto donde se está haciendo el reconteo. Sin embargo, por medio de un comunicado, la Policía Nacional dio un parte de tranquilidad, indicando que desde el PMU se hará el “máximo esfuerzo” para asegurar estos escrutinios.
“La Procuraduría sigue vigilante con toda su capacidad desplegada en los territorios, para evitar que las manifestaciones públicas vulneren los derechos ciudadanos”, concluyó el organismo de control.
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