Fiscalía aplicó la “justicia restaurativa” en caso de contralor de Huila acusado de violencia intrafamiliar: en qué consiste la particular pena

Andrés Felipe Vanegas Mosquera, contralor departamental del Huila, ha decidido tomar un camino poco convencional en la investigación que lo involucra en un caso de violencia intrafamiliar agravada. En un acto inusual, Vanegas Mosquera ha optado por acogerse al principio de oportunidad, una figura legal que busca la resolución pacífica de los conflictos, donde la víctima y todas las partes involucradas desempeñan un papel activo en el proceso.

Los hechos que se remontan a mayo de 2023 en Neiva, en los que su entonces pareja fue víctima de violencia, llevaron a esta inusual decisión. Bajo el principio de oportunidad, Vanegas Mosquera se ha comprometido a someterse a un tratamiento psicológico para abordar las raíces de su comportamiento agresivo. Además, deberá ofrecer disculpas tanto públicas como privadas a la víctima y proporcionar una indemnización simbólica y económica como gesto de reparación.

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El proceso de restauración no se detiene en ese punto. El contralor departamental también se comprometió a realizar trabajo social a través del programa de prevención del delito Futuro Colombia de la Fiscalía en la Seccional Huila. Este enfoque se basa en la idea de que la reinserción y la prevención son elementos cruciales en la búsqueda de una sociedad más segura y justa, según la Defensoría del Pueblo.

Las disculpas ofrecidas por Vanegas Mosquera tendrán una difusión más amplia, ya que deberán ser publicadas en un medio de amplia circulación regional. Esta medida busca no solo la reconciliación con la víctima, sino también la concienciación pública sobre la importancia de abordar la violencia doméstica de manera efectiva.

Sin embargo, estas condiciones no son permanentes. Al cabo de tres meses, un juez competente revisará si se han cumplido los términos acordados. Si se han cumplido, la investigación llegará a su fin. De lo contrario, el proceso investigativo continuará su curso.

En este momento, Vanegas Mosquera está sujeto a medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, que incluyen la obligación de mantener una conducta ejemplar a nivel individual, familiar y social, así como la prohibición de comunicarse con la víctima. Estas medidas se impusieron durante la audiencia de traslado de escrito de acusación el 26 de septiembre.

En un esfuerzo por promover una justicia restaurativa y aliviar la sobrecarga de los tribunales judiciales en Colombia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación han firmado un convenio interadministrativo para implementar la mediación penal con un enfoque restaurativo, con lo que se busca resolver conflictos sociales de manera integral y eficiente, brindando una alternativa a los procedimientos judiciales tradicionales.

El plan piloto de mediación penal con enfoque restaurativo se puso en marcha inicialmente en las Regionales Bogotá y Cundinamarca, en septiembre del 2023. En su momento, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó la importancia de esta iniciativa, afirmando que “es una apuesta por tener una justicia restaurativa integral y eficiente para resolver los conflictos sociales”.

La Fiscalía General de la Nación ya ha enviado expedientes penales a la Defensoría del Pueblo para aquellos casos en los que considera que la mediación es una opción viable. Una vez consolidado el plan piloto, se extenderá a todos los Centros de Conciliación y las 42 Defensorías Regionales de la entidad nacional garante de los derechos humanos, convirtiéndose así en la primera institución del orden nacional en suscribir este tipo de convenios.

El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, señaló la grave crisis humanitaria en las estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI), donde se encuentran 22,000 personas privadas de la libertad en condiciones inhumanas. La mediación penal busca ser un primer paso para resolver esta problemática.

La vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera, también subrayó la importancia de este convenio, destacando que la mediación penal permitirá a las víctimas de delitos obtener una justicia real y reconocimiento de lo sucedido. Más allá de la pregunta sobre cómo va su caso, podrán decir cómo están resolviendo su caso.

Además de ofrecer una justicia más reparadora y efectiva, se espera que esta iniciativa ayude a descongestionar los despachos judiciales y contribuya a la reconstrucción de los lazos dañados a causa del delito y la acción opresora que el ofensor pudo haber causado a la víctima.