La Fiscalía acusó a dos exgobernadores de Magdalena por millonaria defraudación en la construcción de la ‘Vía de la Prosperidad’

El ente acusador señaló a Luis Miguel Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga por permitir sobrecostos en la ejecución de la obra y otras irregularidades durante sus respectivos mandatos

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La 'Vía de la Prosperidad' es un corredor víal de 52,6 kilómetros que conecta varios municipios de la región Caribe con la Ruta del Sol - crédito Colprensa
La 'Vía de la Prosperidad' es un corredor víal de 52,6 kilómetros que conecta varios municipios de la región Caribe con la Ruta del Sol - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exgobernadores de Magdalena Luis Miguel Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga como posibles responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros con motivo del contrato de mejoramiento del tramo vial conocido como la Vía de la Prosperidad, que conecta al sur del departamento con la ruta del Sol, vía que conecta al Caribe colombiano con el centro del país.

Según lo señalado por el fiscal encargado ante la Corte Suprema, las pruebas apuntan a que Cotes Habeych, durante su gestión entre 2012-2015 habría celebrado el contrato en cuestión de forma irregular, utilizando estudios y diseños desactualizados. “En ese sentido, habría omitido su deber de vigilancia sobre el proceso contractual y permitido que avanzara en medio de sobrecostos”, señaló el fiscal.

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Las irregularidades y dineros que se dejaron de descontar al contratista por concepto de impuestos, le generaron pérdidas al departamento por un valor de 28.416 millones de pesos. De su actuación, el fiscal encargado ante la Corte Suprema señaló:

“En el acta modificatoria 1 del 15 de mayo de 2015, se acordó que debía hacerse una mayor aumento en alzar la cota de la vía debido a las inundaciones del sector, y pese a que se conocía con antelación que los fenómenos de inundaciones afectarían la obra. Por ende, los estudios que sustentaron esta obra se encontraban desactualizados para las necesidades propias que a la fecha de la contratación se presentaban”

Por su parte, Cotes de Zúñiga, gobernadora del departamento para el periodo 2016-2019, dio vía libre a un otrosí y tres modificaciones al contrato original con las que se habrían modificado las condiciones técnicas, presupuestales y de tiempo de ejecución definidas inicialmente. Esto hizo que los costos de la obra durante ese periodo fueran de 47.911 millones de pesos adicionales. El proyecto, pactado para finalizar las obras en 35 meses, fue entregado mucho tiempo después de lo estipulado en el contrato, con apenas 18,2 kilómetros ejecutados. Con los sobrecostos, el precio pasó de 8.213 millones de pesos por kilómetro a totalizar los 18.179 millones de pesos.

El fiscal encargado ante la Corte Suprema señaló la responsabilidad de Rosa Cotes de Zúñiga en los sobrecostos evidenciados en la obra:

“Contrario a lo revisado en el objeto contrato de estudio, no era procedente hacer las modificaciones suscritas en el periodo en que duró como gobernadora, sino que debía realizar un contrato adicional debido a que el alcalde del objeto contratado había sido alterado en gran medida. Esto era palpable con el estado del contrato. Se omitió al momento de realizar esa modificación unos estudios que realmente contemplaran la situación actual de ese contrato, y la necesidad de realizar uno nuevo. Omitiendo todas estas acciones que debían realizarse se procedió a suscribir un modificatorio que terminó transgrediendo los principios de contratación estatal”

De acuerdo con las cifras reportadas por el CTI, el total de pérdidas que generó la remodelación de la Vía de la Prosperidad para el departamento de Magdalena fueron de 76.327 millones de pesos. Según reportó la Fiscalía en un comunicado, “estos dineros corresponden a valores de más que se reconocieron al contratista por un proyecto vial que quedó inconcluso y actualmente no cumple con los requerimientos fijados”.

El ente acusador informó que el juicio en contra de los dos gobernadores dará inicio una vez la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia fije la respectiva fecha.

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