Fiscalía está esperando pruebas del acuerdo entre Corficolombiana y la justicia de EE. UU. para “valorar el ejercicio de la acción penal en Colombia”

El ente acusador advirtió, en respuesta a un derecho de petición, que ya solicitó los documentos, evidencia física y demás material probatorio que llevó a la filial del Grupo Aval a firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos

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En la Fiscalía están esperando a que lleguen las pruebas del acuerdo entre Corficolombiana y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para ver qué acciones penales adelantar - crédito Fiscalía General de la Nación/Odebrecht/Corficolombiana/X
En la Fiscalía están esperando a que lleguen las pruebas del acuerdo entre Corficolombiana y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para ver qué acciones penales adelantar - crédito Fiscalía General de la Nación/Odebrecht/Corficolombiana/X

El 10 de agosto de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Corficolombiana —filial del Grupo Aval— acordó el pago de más de 80 millones de dólares para resolver las investigaciones judiciales en el país norteamericano sobre los pagos de sobornos en el entramado de corrupción urdido por Odebrecht sobre la Ruta del Sol II. El 31 de octubre, desde la Fiscalía General de la Nación aseguraron que ya se solicitó que le sea allegado el material probatorio que hacen parte del acuerdo entre la justicia estadounidense y Corficolombiana.

De acuerdo con información de Cambio, el ente acusador está a la espera de estos documentos, pruebas físicas y demás evidencia para “valorar el ejercicio de la acción penal” en Colombia.

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Contrario a lo que el fiscal Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, dijo hace meses —que no existía, en ese momento, “ningún soporte para iniciar investigaciones adicionales”— se advirtió que, a la llegada del material solicitado a la justicia de Estados Unidos, se iniciarán una indagación preliminar para determinar si se abre, o no, una investigación en contra de los responsables del pago del soborno.

“Se informa que teniendo en cuenta el acuerdo de procesamiento diferido entre Corficolombiana y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se ha solicitado a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, el traslado de los elementos materiales probatorios, evidencia física y demás documentos que hacen parte del acuerdo suscrito por parte del conglomerado colombiano Grupo Aval y su filial bancaria (Corficolombiana), a fin de valorar el ejercicio de la acción penal en Colombia”, se lee en la respuesta de la Fiscalía a un derecho de petición de Cambio

También se aclaró que no se está investigando, actualmente, a José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana y único condenado en Colombia por el escándalo de Odebrecht, sobre el segundo soborno que la multinacional brasileña para que le fuera adjudicado el tramo Ocaña-Gamarra. Hay que advertir que está pendiente conocer quién es el funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos conocido como el Colombian Official 3, que, según el acuerdo que suscribió Corficolombiana y la justicia de Estados Unidos, fue el beneficiario de un soborno de 3,4 millones de dólares.

¿Quiénes están pagando por el pago del soborno del tramo Ocaña-Gamarra?

En la respuesta al derecho de petición de Cambio, la Fiscalía también señaló que por el pago del soborno de 4,6 millones de dólares fueron condenados Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña de Santos; los excongresistas Otto Nicolás Bula y Bernardo Miguel Elías Vidal; Federico Gaviria Velásquez, empresario y lobista; Gabriel Alejandro Dumar, representante del consorcio Sion; Gustavo Adolfo Torres, representante legal de Profesionales de Bolsa; Eduardo José Zambrano de Consultores Unidos S. A. y Andrés Salazar Ferro, representante del grupo Mundial de Ingenieros S. A. S.

Una de las personas a las que se les ha imputado cargos por este soborno es Luis Eduardo Gómez Martínez, representante legal de la empresa Aldepositos Zona Franca S. A. S., contratista de la Concesionaria Ruta del Sol II, por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y falsedad en documento privado. Además de Gómez Martínez, la Fiscalía da cuenta de otras 17 imputaciones de cargos a funcionarios y contratistas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y una exministra de Transporte:

“Se trata de personas que habrían tenido alguna participación en la incorporación y existencia jurídica de la obra OCAÑA-GAMARRA a través de los otrosíes No. 3 y No. 6 incorporados en el Contrato de Concesión No. 001 del 14 de enero de 2010 Ruta del Sol II”

Estas 17 personas son, además de la exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa, funcionarios de la ANI como Harbey Carrascal Quintero, Alexandra Lozano Vergara, José Andrés Torres Rodríguez, Beatriz Eugenia Morales Vélez, Héctor Jaime Pinilla Ortiz, María Clara Garrido Garrido, Camilo Mendoza Rozo, Miguel Ángel Betin Jaraba, Édgar Chacón Hartman, Daniel Francisco Tenjo Suárez, Yasmina del Carmen Corrales Paternina, Andrés Figueredo Serpa, David Leonardo Montaño García, Francisco Javier Forero Lozano, César Augusto Peñaloza, y Emerson Leonardo Durán Vargas.

En la respuesta al derecho de petición de Cambio, la Fiscalía también señaló que hay cinco empresarios “que estarían involucrados en el entramado de corrupción que desplegó la constructora Odebrecht, para pagar dádivas a intermediarios y funcionarios que intercedieron para que la multinacional brasileña fuera favorecida con varios otrosíes al contrato Ruta del Sol II. Son investigados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado”. Estos son: Gabriel Giraldo Escudero, Jaime Giraldo Escudero, Lina María Bermúdez Aljuri, Wilson Ruiz Tello, y Carlos Emilio Abuabara.

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