Ante las múltiples denuncias por escasez de medicamentos y la crisis entre Droguerías Cruz Verde y la EPS Colsanitas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó medida cautelar de urgencia al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para que adopten un plan de contingencia que permita darle una solución a la crisis que se presenta a nivel nacional.
“DECRETAR COMO MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE RESPUESTA URGENTE a la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos. Dicho plan, elaborado en forma conjunta por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, deberá incluir, de manera específica, las gestiones que se adelantarán”, se puede leer en la decisión del Tribunal.
El plan debe incluir las medidas exactas para establecer soluciones a la escasez de medicamentos en diferentes frentes, pero dándole más importancia a los fármacos prioritarios y a aquellos principios activos que presentan amplia insuficiencia.
Así mismo, el Tribunal pide “priorizar el trámite y resolución de las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que cursan ante el Invima, que se encuentran pendientes, a fin de garantizar la disponibilidad en los canales institucionales y comerciales. Definir las estrategias para facilitar el acceso a la materia prima requerida para la fabricación de medicamentos”, dice el auto.
El Tribunal también menciona que el desabastecimiento de medicinas afecta especialmente el tratamiento de enfermedades graves, lo cual “puede acarrear el desenlace fatal en muchos casos o el deterioro significativo de la calidad de vida de los sobrevivientes, con secuelas permanentes sobre su existencia, en muchos casos”.
De igual forma, agregó que “el impacto de la escasez de medicamentos es significativo con respecto al interés público representado en el volumen de afiliados, lo que demanda el amparo judicial urgente, en particular de los derechos colectivos de acceso al servicio de seguridad social en salud, a la infraestructura en salubridad pública y los de los usuarios y consumidores”.
Esta decisión tiene lugar luego de una demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación en la que se manifestó la “alarmante situación insoluta”.
La Procuraduría afirmó que la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) había reportado desde noviembre de 2022 la escasez alertada por las EPS que pertenecen a esa asociación gremial. Según dijo el Ministerio Público, la mayor escasez estaba en los principios claves para el tratamiento de condiciones crónicas.
Acemi alertó además que siete EPS agremiadas reportaron desabastecimiento en 104 principios activos. De igual forma, Invima advirtió que había 50 medicamentos en riesgo de escasez y 15 referencias desabastecidas.
Por su parte, en septiembre del 2022 Cruz Verde le envió una carta al Ministerio de Salud, al Invima y a la Procuraduría donde expuso la falta de cumplimiento por parte de los laboratorios en la entrega de medicamentos.
Luego, en marzo de 2023, Acemi volvió a alertar que “varias EPS agremiadas en Acemi, que tienen a su cargo la gestión del riesgo de cerca de 34 millones de personas afiliadas, reportaron novedades de abastecimiento de 1.242 principios activos”.
Adicionalmente, la Procuraduría también le advirtió al Tribunal de Cundinamarca sobre sospechas de corrupción en el Invima, sobre todo relacionados con “tiempos de visita para algunas casas farmacéuticas en el trámite de la solicitud de registros sanitarios”, es decir, las citas de las visitas para otorgar los permisos farmacéuticos.
Justamente, la Cámara de Industrias Farmacéuticas de la ANDI entregó un reporte sobre eso, en donde explica que hay una acumulación de miles de trámites, la mayoría relacionados con medicamentos, que “tendrían alto impacto en la salud de la población por el implícito riesgo de desabastecimiento”.