Alejandro Lyons fue imputado por presuntas irregularidades en contratos de servicios para niños con síndrome de Down

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, que se encuentra inmerso en múltiples problemas con la justicia colombiana desde hace varios años.

En esta oportunidad, el órgano de control dio a conocer que el exfuncionario habría estado involucrado en algunas irregularidades en la contratación de Instituciones Prestadoras de Salud, en medio de la búsqueda de terapias de neurodesarrollo a niños con síndrome de Down.

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La acusación, que también cobijó al exsecretario de Salud departamental Edwin de Jesús Preciado Lorduy, señalaba que los funcionarios habrían pasado por alto el procedimiento de “selección objetiva” mediante el cual se habría escogido la opción más favorable para la entidad gubernamental.

Desde la Procuraduría señalaron que, en vez de ejecutar el procedimiento establecido para este tipo de casos, los sindicados prefirieron contratar directamente a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que brindaron finalmente dicho servicio.

De igual forma, tanto Lyons como Lorduy habrían avalado el pago de $2′250.000 por un paquete de 100 terapias por cada paciente sin que se cumplieran con los requisitos aptos para procedimientos de tal magnitud, infringiendo así el Decreto 4747 de 2007.

Puntualmente, el órgano de control señaló que Lyons habría incurrido en una presunta omisión en su función de control y vigilancia de las distintas etapas de la contratación. Las acciones del exfuncionario habrían podido resultar en “la vulneración de los principios de transparencia y legalidad que debían guiar la práctica contractual del Estado”.

Por su parte, el exsecretario de Salud de Córdoba se habría encargado de verificar la ejecución de los contratos firmados con las distintas Instituciones Prestadoras de Salud que brindaron el servicio a los niños con síndrome de Down en el departamento.

Dichos hechos representarían una incursión en una falta grave cometida a título de culpa gravísima por parte de ambos exfuncionarios, razón por la cual ahora se someterán a una investigación, además de a un juicio disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Cabe resaltar que para finales de agosto de 2023, el mismo órgano de control había sancionado a Lyons con destitución e inhabilidad de 10 años por haber incurrido en irregularidades en la contratación de servicios de salud en Córdoba.

El exgobernador habría avalado el pago de un millonario monto sin la debida celebración de acuerdos de voluntades con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), caso similar por el que fue imputado el 30 de octubre de 2023.

En aquella oportunidad, el órgano de control enfatizó en que la Gobernación de Córdoba pagó más de 7.800 millones de pesos por servicios de neurrehabilitación. Esto, sin contar con los acuerdos legales establecidos con entidades como las IPS Crecer y Sonreír S.A.S., Semillas de Amor S.A.S. y Girasoles S.A.S.

Contrario a la acusación que se radicó contra él a finales de octubre de 2023, los servicios contratados en aquel periodo de tiempo iban dirigidos a la población de bajos recursos no cubierta por el Plan Obligatorio de Salud (POS).

La Procuraduría enfatizó en que Lyons omitió por completo su responsabilidad luego de no supervisar adecuadamente las facultades delegadas a los exsecretarios de Desarrollo y Salud.