Nombramiento de Laura Sarabia como jefa de Gabinete de Petro fue legal: Tribunal Superior de Bogotá

El abogado Harold Eduardo Súa demandó la designación de la funcionaria por supuestas irregularidades en la instalación del Congreso el 20 de julio de 2022

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El Tribunal Superior de Bogotá desestimó la demanda que pedía declarar nulo el nombramiento de Sarabia como jefa de Gabinete del presidente Petro - crédito Presidencia de la República
El Tribunal Superior de Bogotá desestimó la demanda que pedía declarar nulo el nombramiento de Sarabia como jefa de Gabinete del presidente Petro - crédito Presidencia de la República

El 28 de octubre se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la demanda del abogado Harold Eduardo Súa en contra de la designación de Laura Sarabia como jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro y que pedía también declarar la nulidad de los demás nombramientos que se hicieron el 7 de agosto de 2022 por supuestas irregularidades en el trámite ante el Congreso de la República.

El abogado Súa, en su demanda, advirtió que como la instalación del Congreso, el 20 de julio de 2022, había sido demandada por la omisión de varios trámites legislativos, tanto la posesión presidencial como el nombramiento que hizo el presidente Petro serían ilegales: “El 7 de agosto de 2022, el Congreso de la República posesionó a Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente de Colombia, sin haber una decisión del juez constitucional sobre rehacer la instalación del Congreso”, se leía en la demanda de Súa, según la citan en Semana.

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Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá, en el fallo que conoció Semana, no encontró irregularidades, por lo que declaró que el nombramiento de Laura Sarabia como jefa de Gabinete del presidente Petro fue legal, ya que no se encontró vulneración a los postulados constitucionales: “Los argumentos esgrimidos por el libelo de la demanda no tienen vocación de prosperar, pues, (....) no se encontró una vulneración a los postulados constitucionales, así como tampoco se acreditó que el presidente de la República no fuera el competente para designar a la señora Laura Camila Sarabia Torres como jefe del gabinete presidencial”.

El Tribunal también se ciñó al concepto de la Procuraduría General de la Nación que advirtió que no se acreditó irregularidad en el nombramiento de Laura Sarabia y que tampoco hubo vulneración a los trámites administrativos.

Además, señaló que el presidente tiene la potestad de nombrar a su jefe de Gabinete libremente y que la falta de competencia que esgrimió el demandante no existe: “Para la Sala, resulta evidente que el presidente de la República ostenta la potestad de nombrar y separar libremente sus agentes; en consecuencia, la supuesta falta de competencia alegada por extremo actor no se encuentra acreditada en el presente asunto”.

Hay que recordar que Laura Sarabia dejó el cargo de jefa de Gabinete el 2 de julio, luego de que estallara el escándalo por las interceptaciones ilegales a su exniñera Marelbys Meza, a la que también se sometió a una prueba irregular de polígrafo. Meses después, el 4 de septiembre, Sarabia tomó posesión como directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, lo que dejó sin competencia a la Fiscalía General de la Nación para investigarla e interrogarla. Precisamente, el 5 de septiembre, la funcionaria estaba citada al búnker del ente acusador, interrogatorio que se canceló, pues el proceso se trasladó a la Corte Suprema de Justicia.

El abogado penalista Iván Cancino explicó que en caso de que la Corte Suprema determine imputar cargos contra Sarabia, el juicio estaría a cargo del alto tribunal, como ha ocurrido en otros casos de funcionarios y políticos elegidos por voto popular. Por ello, hay quienes han reforzado la hipótesis que el nombramiento del presidente Gustavo Petro buscaba, precisamente, este camino.

Con este giro en el caso que involucra a quien es una de las escuderas del jefe de Estado, incluso estando fuera del Ejecutivo, pues le permitirá a su defensa, liderada por el abogado Jorge Mario Gómez, preparar los argumentos ante lo que sería la programación de una nueva diligencia; esta vez a cargo de los fiscales delegados ante la Corte.

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