Luego de analizar una tutela presentada por las comunidades de las playas de la Península de Barú, el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas de Cartagena ordenó a la alcaldía de la ciudad suspender el acto administrativo con el que se establecían cierres en Playa Blanca durante dos días al meses, hasta junio del 2024.
La orden del juez fue confirmada a través del Decreto 1390 de 2023 expedido por la Alcaldía de Cartagena, por medio del cual se ordenó suspender por un periodo de cuatro meses los cierres que se habían programado en las playas de la Península de Barú.
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En el fallo de primera instancia, el juez determinó que aunque los cierres se definieron bajo el argumento de garantizar la protección ambiental en el sector, la Alcaldía de Cartagena no realizó una consulta previa con los consejos comunitarios de Barú, Ararca, Santa Ana y Playa Blanca.
“La medida si bien tiene como fundamento la protección ambiental, compromete los derechos de la comunidad afrodescendiente que reside y trabaja del turismo, de la explotación de los recursos naturales de esas playas, y se ve directamente afectada en sus dinámicas sociales, culturales, económicas, laborales y ancestrales al restringírseles su uso”, se detalla en la sentencia.
Debido a que para el juez la Alcaldía de Cartagena debió solicitar a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior una consulta previa sobre los cierres, le ordenó a la autoridad distrital ejecutar dicha medida durante los cuatro meses de suspensión.
¿Qué dice la Alcaldía de Cartagena?
Respecto a la decisión judicial del Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas, la secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena, Ana María González, aseguró en diálogo con el diario El Universal que la medida de los cierres en las playas de la Península de Barú tenía por objetivo la mejora del destino, y no afectar a las comunidades de la región.
“Salió un decreto derogatorio del decreto de cierre. Yo no tenía un capricho de cerrar Playa Blanca, yo les expliqué cuando hicimos la mesa de trabajo con ellos es que las razones del cierre era para ayudarles a mejorar el destino porque eran ellos lo que estaban perdiendo clientes por todos los problemas que había en el balneario”, aseguró González en su entrevista con el medio cartagenero.
A renglón seguido, la funcionaria distrital aseveró: “Yo no voy a impedir nada sobre ellos, si ellos no lo querían, entonces no. Ellos se comprometieron de que iban a organizar unas jornadas de limpieza”.
Ante la suspensión de la medida que restringía las operaciones turísticas y el acceso marítimo y terrestre a esa zona insular de Cartagena, los nativos y comerciantes de Barú hasta el momento no se han pronunciado.
Y es que en su momento la comunidad nativa bloqueó la vía que comunica Cartagena con la isla de Barú ante su inconformidad con la normativa que ordenaba el cierre de las playas de la Península. En diálogo con el diario El Espectador, una de las voceras de la protesta, Claudia Martínez, explicó que habían salido a manifestarse debido a que dichos cierres afectarían la economía de la población.
“Rechazamos de plano esos cierres donde el nativo es el directamente afectado y no se le respeta el derecho al trabajo. Ya muchos trabajadores, hoy en día, no ganan ni el mínimo vital”, aseguró Martínez al rotativo bogotano.
Víctor Simancas, habitante de esa población, por su parte aseguró a Caracol Radio en ese entonces que continuarían con el paro hasta que el Distrito derogara el decreto. “Aquí nos quedaremos peleando nuestros derechos que nos están violando”, concluyó.