Qué pasará con las iniciativas del Gobierno Petro en La Guajira tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar los decretos de emergencia económica

A través de la página oficial de la Corte Constitucional se conoció este jueves 26 de octubre que el alto tribunal “tumbó” varios de los decretos que el Gobierno nacional había expedido en el marco de la emergencia económica y social que se había declarado en el departamento de La Guajira.

La iniciativa del Gobierno Petro fue ampliamente criticada por muchos sectores que consideraron que el mandatario quería implementar una pequeña reforma a la salud o un plan piloto de la misma en esa zona del país.

Ahora la Corte Constitucional, en Sala Plena, resolvió declarar la inexequibilidad, es decir, que no se puede aplicar el Decreto 1270 de 2023, con el cual se adoptaban medidas en materia de salud en el departamento de La Guajira.

Así mismo, se declaró inexequible y con efectos inmediatos los siguientes decretos:

De acuerdo con lo informado por la Corte quedó sin efecto el decreto 1268 de 2023, que adoptaba medidas para la recuperación de las salinas marítimas de Manaure, con el objetivo de crear un plan de salvamento que incluía la recuperación de la capacidad productiva industrial de las salinas. También el decreto 1271 de 2023, por el cual se buscaba “la asignación o modificación de obligaciones contenidas en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, para el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Tal decreto estaba enmarcado en la Ley 1341 de 2009, que habla de la formulación de políticas públicas para “el sector de las TIC, (...) lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, (...) así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión y control del mismo”.

Igualmente ocurrió con el decreto 1278 de 2023, que tenía como objetivo tomar medidas de emergencia en materia cultural para la protección de la riqueza cultural del pueblo wayú y el decreto 1274 de 2023, el cual buscaba la creación de una institución de educación superior indígena propia del pueblo wayú.

Hace un par de semanas el Gobierno nacional recibió otro duro golpe de parte de la Corte Constitucional luego de que esta tomara la decisión de tumbar la emergencia económica y social que había decretado el presidente Gustavo Petro en La Guajira.

Ante estos hechos, el Presidente de la República contraatacó y ordenó que los decretos que fueron expedidos en medio de la emergencia económica, algunos mencionados en párrafos anteriores, en el departamento de La Guajira fueran radicados en el Congreso con mensaje de urgencia, sin embargo, el tiempo no le alcanzó para que fueran aprobados en el legislativo.

“No se puede abandonar La Guajira a su suerte. Todos los decretos de emergencia serán presentados al Congreso con mensaje de urgencia”, indicó en ese momento el primer mandatario.

Es fundamental tener presente que si bien el decreto de emergencia se cayó, el alto tribunal, con base en sus funciones, indicó que hay un efecto diferido frente al punto crucial del acceso al agua potable para la población. Eso implica que ese punto no se cae, por lo que sigue vigente hasta el 2 de julio de 2024.

“Conceder efectos diferidos a esta decisión por el término de un (1) año”, contados a partir de la expedición del decreto (es decir desde el 2 de julio del 2023), respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, precisa la decisión que ha sido de los golpes más duros que recibió la actual administración.

Basados en lo anterior, la Corte Constitucional le pidió al Gobierno y al Congreso “adoptar las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira”, mismas que ya se habían hecho presentes en la sentencia T-302 de 2017.

Con lo anterior, se puede concluir que la los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica y social en la Guajira ya no tienen ningún peso legal. Además, deja en firme la postura anterior en la que le solicita el Gobierno Nacional cumplir de forma efectiva y rápida las medidas para fortalecer las instituciones previstas en la ley con competencias en materia de cambio climático para garantizar el suministro de agua.