Luego de la solicitud por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado sexto Penal Municipal de Barranquilla impuso casa por cárcel a seis funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) señalados por presuntos vínculos criminales.
El caso que se conoció en el mes de septiembre por la emisora W Radio, cuando fueron capturados los guardias de la cárcel Modelo, de Barranquilla.
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De acuerdo con la información brindada por el ente investigador, los funcionarios habrían beneficiado a internos entre 2021 y 2022. Según la acusación, en ese período los guardias del Inpec conformaron lo que describen como una “sociedad criminal”.
Por esa actividad, los funcionarios públicos de La Modelo obtuvieron cerca de 300 millones de pesos, producto de los sobornos a reclusos del patio 2 del centro penitenciario.
Por estas maniobras, a los guardias se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, enriquecimiento ilícito, y prevaricato por omisión, por los hechos cometidos.
La investigación de los funcionarios se inició tras las denuncias de dos reclusos, quienes afirmaron que los funcionarios del Inpec les solicitaban dinero a cambio de diversos favores, que iban desde el acceso a habitaciones, hasta la posibilidad de mantener elementos de aseo y, aún más alarmante, permitirles el ingreso de armas y drogas.
El fiscal a cargo del caso informó que estos funcionarios “eran responsables de permitir que las extorsiones ocurrieran, registrándolas mientras ejercían labores de vigilancia en los patios y obstaculizando las quejas de los internos cuando asumían tareas administrativas”.
Además de los cargos imputados, los acusados habrían obstruido activamente cualquier investigación en su contra. Se alega que trasladaron a los reclusos que denunciaron estas actividades ilícitas y los amenazaron de muerte para forzarlos a cambiar sus testimonios.
En una audiencia pública celebrada el 12 de octubre ninguno de los acusados se declaró culpable durante la audiencia de imputación de cargos.
La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía, que logró la captura de los seis funcionarios del Inpec. Los nombres de los acusados son: Luis Yobani Tovar Ardila, Octavio Márquez Segura, Mauricio Alejandro Acosta Acosta, Álvaro Iván Díaz Cañas, Harold Iván Ramos Bastidas y Darwin Manuel Fernández Salcedo.
Estos hechos dejó una serie de interrogantes sobre el sistema penitenciario en Colombia y la necesidad de implementar acciones que garanticen la integridad y la seguridad de los reclusos.
“Al interior de esta estructura delincuencial ustedes desplegaron roles consistentes en permitir que los internos pudieran extorsionar a sus cohabitantes de carceletas y posteriormente desplegaron actos tendientes a procurar que los internos que estaban pagando estas cuotas extorsivas a los otros internos del plante, también les realizaran pagos de dádivas y entregas de elementos y servicios a efectos de garantizar que también tuvieran seguridad y habitabilidad al interior de dicho centro carcelario”, mencionó el fiscal en medio de la audiencia.
Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en el mes de agosto expresó fuertes críticas contra el director del Inpec, calificándolo como un “pintado en la pared” debido al manejo y control de las cárceles en el país.
Si bien Pumarejo reconoce que los movimientos recientes del Inpec para trasladar detenidos que presuntamente lideraban extorsiones desde las cárceles en Barranquilla y municipios del Atlántico han dado algunos resultados temporales en las últimas semanas, considera que estas acciones no constituyen una solución definitiva al problema de inseguridad y criminalidad.
El alcalde destaca el constante cambio de directores del Inpec en los últimos 15 años, lo que, según él, refleja los recurrentes escándalos en la institución. Critica que la entidad está controlada desde abajo por diferentes entidades que agrupan a los guardianes, y algunos pocos terminan dominando la situación, afectando a la mayoría de los funcionarios que son honestos y trabajadores.
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