Defensoría advirtió riesgo de protestas, disturbios y asonadas durante las elecciones regionales

La Defensoría del Pueblo advirtió por el riesgo de conflictos sociales que podrían alterar el orden público en el marco de las elecciones territoriales del 29 de octubre.

De acuerdo con la entidad defensora de los derechos humanos, son 133 municipios de 24 departamentos, incluida la capital del país, los que están en riesgo de presentar protestas, disturbios y asonadas antes, durante y/o después de la jornada democrática.

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Según el informe de la Defensoría titulado Advertencia de riesgo de protestas, disturbios y/o asonadas en el marco de las elecciones del 29 de octubre de 2023, se registraron 11 manifestaciones relacionadas específicamente con las elecciones en los departamentos de Atlántico, Valle de Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Casanare, Cesar, entre otros.

Estos casos se suman a los 1.252 conflictos sociales registrados entre enero y septiembre de 2023, lo cual significó un incremento del 26% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando fueron reportados 990 eventos.

Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, indicó que la causa de posibles eventos de conflictividad en el país, puede darse por el inconformismo frente a los resultados de las elecciones:

“De acuerdo con información acopiada por nuestro Observatorio de Conflictividad Social, identificamos que podrían suceder actos de perturbación al certamen democrático y alteraciones del orden público por una posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales de este 29 de octubre. Esto, de ser así, derivaría en manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas”.

Los 12 departamentos con más municipios en riesgo de presentar protestas, disturbios y/o asonadas en el marco de las elecciones territoriales del 29 de octubre, según la Defensoría del Pueblo,, son:

• Bolívar (13 municipios)
• Antioquia y Chocó (11 municipios cada uno)
• Sucre y Magdalena (9 municipios cada uno)
• Caldas y Meta (7 municipios cada uno)
• Córdoba (7 municipios)
• Santander, Cauca, La Guajira y Boyacá (6 municipios cada uno)
• Norte de Santander (5 municipios)
• Cundinamarca, Nariño, Huila y Atlántico (4 municipios cada uno)
• Casanare y Cesar (3 municipios cada uno)
• Caquetá, Risaralda y Valle del Cauca (2 municipios cada uno)
• Guaviare y Tolima (un municipio departamento)

Para el caso de Bogotá, revisten riesgo las localidades de: Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz Kennedy y Suba.

Los principales factores de riesgo a tener en cuenta para prever el escalamiento de la conflictividad electoral a situaciones de violencia durante la jornada democrática son:

1. Las irregularidades electorales, como el incremento atípico de inscripción de cédulas y trashumancia electoral.
2. Antecedentes de protestas, disturbios y asonadas en las elecciones regionales del 2011, 2015 y 2019.
3. Las movilizaciones, manifestaciones o plantones previos al certamen electoral, que durante los primeros nueve meses del 2023 aumentaron 26% en relación con el mismo periodo del año pasado.
4. Resoluciones sobre solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos, falta de confianza en las instituciones y en el proceso electoral.
5. La polarización política y pugnacidad entre las campañas.

La Defensoría del Pueblo pidió, tanto autoridades electorales y administrativas como la fuerza pública, que adopten medidas de prevención. “El fin primordial es evitar hechos que afecten la vida, integridad y libertad de los ciudadanos, como también es esencial evitar situaciones que vulneren los derechos a elegir y ser elegido”, dijo Camargo Assis.

En tal sentido, la entidad recomendó:

1. A los ministerios del Interior y Defensa y a la fuerza pública, en el desarrollo del Plan Democracia, implementar medidas de contingencia que permitan prevenir posibles alteraciones del orden público durante y después de los comicios.
2. Al Ministerio del Interior, poner en marcha canales de comunicación para abordar eficazmente cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar y amenace la jornada de elecciones, el preconteo de votos y los escrutinios.
3. A la fuerza pública, trabajar en el refuerzo de los dispositivos de seguridad de los puestos de votación y sedes de la Registraduría Nacional, alcaldías y otras edificaciones y bienes públicos que pudieran resultar afectados por eventuales asonadas o disturbios.
4. A los candidatos, partidos y movimientos políticos, utilizar los mecanismos legales para interponer las respectivas denuncias de delitos o irregularidades electorales, y no incentivar o promover que sus militantes y seguidores recurran a la violencia o a acciones que alteren el normal desarrollo de la jornada y sus resultados.