Corte Constitucional tumbó otros cuatro decretos de la emergencia económica de La Guajira

De los once decretos que expidió el Gobierno nacional el 2 de julio de 2023, quedarían con ‘vida’ solo cinco

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La Corte Constitucional tendría hasta inicios de noviembre de 2023 para estudiar los demás decretos que expidió el presidente Gustavo Petro el 2 de julio en La Guajira - crédito Presidencia
La Corte Constitucional tendría hasta inicios de noviembre de 2023 para estudiar los demás decretos que expidió el presidente Gustavo Petro el 2 de julio en La Guajira - crédito Presidencia

El 26 de octubre la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequibles otros cuatro decretos que expidió el Gobierno nacional sobre la Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, que se declaró el 2 de julio de 2023. Así las cosas de los once decretos, solo quedarían con vida cinco.

De acuerdo con información de Blu Radio, los decretos que tumbó la Corte Constitucional eran iniciativas que buscaban recuperar las salinas marítimas de Manaure, adoptar medidas para el uso del espectro radioeléctrico, proteger la riqueza del pueblo wayúu y la creación de una universidad para este pueblo indígena. La decisión de la Corte, sobre estos decretos, tienen efectos inmediatos.

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Los cuatro decretos que tumbó la Corte son:

  • Decreto 1268 de 2023, por el cual se adoptaron medidas para la recuperación de las Salinas Marítimas de Manaure, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica. El magistrado ponente fue Juan Carlos Cortés González.
  • Decreto 1271 de 2023, por el cual se adoptaron medidas en materia de asignación o modificación de obligaciones de hacer contenidas en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, para el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en el departamento de La Guajira. La magistrada ponente fue Paola Andrea Meneses Mosquera.
  • Decreto 1278 de 2023, por el cual se adoptaron medidas de emergencia en materia cultural para la protección de la riqueza cultural del pueblo Wayúu, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el Departamento de La Guajira. (M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera).
  • Decreto 1274 de 2023, por el cual se crea una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayúu en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira. (M.P. Natalia Ángel Cabo).

Según información de El Tiempo, la Corte estudiará los demás decretos y tendría hasta inicios de noviembre para esto.

Los otros dos decretos que ha tumbado la Corte Constitucional

El 26 de octubre, la Sala Plena del tribunal constitucional declaró inexequible el Decreto 1270 de 2023, “mediante el cual se adoptaron medidas en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira”. En la ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, que acogió la sala, se advertía que este decreto, que desde el Gobierno se planteó como una suerte de prueba piloto de la reforma a la salud, se advierte que este tipo de reformas se deben tramitar en como proyecto de ley en el Congreso de la República y se señaló que no se argumentó el porqué valerse del estado de emergencia en vez del trámite legislativo.

“En concreto, no explicó por qué no hizo uso de la iniciativa legislativa, con mensaje de urgencia, para proponer al Congreso las medidas anunciadas en el Decreto Legislativo 1085 que deben ser adoptadas a través de la ley”

El otro decreto que ya tumbó la Corte Constitucional fue el 1085 de 2023, mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, a propósito de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento debido a la falta de acceso a servicios básicos vitales.

En su decisión, la Corte determinó “conceder efectos diferidos a esta decisión por el término de un (1) año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”.

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