Los constantes enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley en Santa Rosa del Sur (Bolívar) han afectado gravemente a 120.000 familias que habitan el territorio, las cuales se han visto obligadas a mantenerse confinadas en sus hogares. La situación humanitaria ha prendido las alarmas de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que requirió al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y al ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, para que brinden información sobre la manera en que han enfrentado la problemática.
Según informó el organismo de control, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Clan del Golfo han protagonizado los enfrentamientos en el municipio, por los cuales los habitantes permanecen resguardados en el casco urbano.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.
En ese sentido, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz envió una comunicación a Rueda y Velásquez, en la que solicitó enlistar las medidas que han sido adoptadas para que se permita y se facilite el ingreso de ayudas humanitarias al territorio. Esto, explicando cómo ha sido la coordinación con autoridades municipales y departamentales responsables de hacer frente a esta crisis.
De acuerdo con la PGN, las 120.000 familias confinadas no solo se ven privadas de su “libertad de locomoción”, sino también del desarrollo de actividades cotidianas, que incluyen la producción económica y el acceso a bienes de primera necesidad.
Cabe resaltar que el 9 de octubre de 2023, habitantes del sur de Bolívar presenciaron una incursión armada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el corregimiento Mina Gallo, ubicado en el municipio de Morales. No obstante, la llegada del Clan del Golfo también afectó a los pobladores de Mina Café, que, junto con los de Mina Gallo, tuvieron que desplazarse de manera forzada.
“La incursión armada de este grupo paramilitar desencadena en enfrentamientos con la insurgencia que históricamente hace presencia en la zona, el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, denunciaron por medio de un comunicado, firmado por la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo y la Región de Los Dos Ríos.
Debido a estos hechos, la vida y la integridad de defensores y defensoras de derechos humanos, personas que ejercen liderazgo y familias se encuentran en peligro. Por eso, solicitaron a la Alcaldía de Morales y a la Gobernación de Bolívar, a la Personería Municipal y a la Procuraduría Regional de Bolívar atender la grave crisis humanitaria generada por la avanzada y la reconfiguración del grupo paramilitar.
Por otro lado, tanto el alto comisionado para la Paz como el ministro de Defensa, junto con la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, ya habían sido requeridos por la Procuraduría por otros casos de confinamiento registrados en Puerto Asís (Putumayo). En septiembre de 2023, el organismo de inspección puso la lupa sobre el corregimiento Piñuña Blanco, donde por lo menos 2.000 familias entraron en confinamiento debido a enfrentamientos entre grupos armados.
Además de eso, se han presentado desplazamientos masivos, en los que los principales afectados han sido los resguardos indígenas Siona Buenavista y Kwe’sx Yu Kiwe y habitantes de 16 veredas del municipio. La problemática se agrava teniendo en cuenta que se contabilizaron más de 400 niños, niñas, jóvenes y adultos que necesitan atención.
“Todas las personas desplazadas se encuentran en el centro del resguardo Buenavista, en la caseta comunitaria y otras instalaciones, en condición de hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos”, indicaron por medio de un comunicado los gobernadores de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, Mario Erazo y Fredy Piaguaje, respectivamente.