Aunque el principal foco de las elecciones regionales de octubre está en cargos de alcaldes en las grandes ciudades y gobernadores, también existe una realidad que no es muy visible, los procesos de elección en zonas rurales del país, que, en muchas ocasiones, se ven afectadas por delitos como compra de votos o la presión sobre el votante.
Así lo reveló el más reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre la percepción de líderes comunales en algunos municipios del país afectados por la violencia y que reveló los problemas que se viven en zonas alejadas de las grandes ciudades.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.
En una publicación, la FIP compartió los resultados de la medición Pulso en la que participaron 161 líderes urbanos y rurales de 48 municipios que se llevó a cabo entre el 12 de septiembre y el 6 de octubre de 2023.
Entre los resultados más llamativos se encuentra que el 61% de los líderes que participaron en la medición sienten que no existen garantías en las campañas electorales. En este sentido, la percepción de inseguridad es mayor en municipios que fueron determinados como de riesgo extremo por la Misión de Observación Electoral (MOE).
De acuerdo con la medición, el 74% de los líderes que se encuentran en zonas de riesgo extremo aseguraron sentirse inseguros, lo que para la fundación refleja las dificultades en estos municipios para el buen desarrollo de las campañas y de la jornada electoral.
En cuanto a la inseguridad, el 25% de los líderes aseguraron haber recibido amenazas, por lo que se determinó que no importa si el municipio fue catalogado como de riesgo extremo, “los líderes presentan mayores niveles de amenazas en época electoral”, se lee en las conclusiones de Fundación Ideas para la Paz.
Uno de los delitos electorales que más afecta en épocas de elecciones es el de la compra y venta de votos, pues el 59% de los líderes encuestados aseguró que es el mayor riesgo en día de votaciones.
Aunque, también aparecen otros delitos como, por ejemplo, el engaño al votante con un 34% y la presión al votante con 32%. Frente a este tema, y de acuerdo con los resultados del estudio, el 65% de los líderes aseguraron que los partidos o movimientos políticos son los responsables del incumplimiento de la ley en vísperas de elecciones, aunque también hacen parte los grupos criminales con 40% y las autoridades locales con el 33%.
“La alta responsabilidad de los partidos en cuanto a los delitos electorales es uno de los riesgos que explica la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la democracia”, comentó la FIP en el documento
Pero, el problema de los delitos electorales tiene un trasfondo aún más preocupante, pues de los 161 líderes encuestados, solo el 30% aseguraron tener conocimiento de reuniones en las que se establezcan estrategias para garantizar que no se incumpla la ley de cara a las elecciones.
En cuanto a las entidades que más esfuerzo hacen para evitar que se quebranten las leyes en las elecciones están, según los líderes, las alcaldías con un 76%, la fuerza pública con 57%, las personerías con 51% y la Registraduría con 47%.
También, se estableció que en muchas ocasiones los líderes no conocen las propuestas de los candidatos, esto se ve reflejado en que solo el 53% de los encuestados tienen conocimiento sobre lo que plantean los aspirantes a las alcaldías y un 36% las ideas de los que aspiran al concejo.
Por lo tanto, una de las conclusiones del estudio es que “la falta de conocimiento implica que la movilización de los líderes no siempre constituye un ejercicio democrático de conocer a fondo a sus posibles gobernantes”.